El Congreso de Perú, dominado por la derecha, estaba convocado para votar una moción de destitución de Castillo por "incapacidad moral permanente", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.

De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Previamente se registraron protestas en el centro de Lima y conocida la decisión del Congreso el ahora ex presidente peruano quedó detenido.

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