Primero el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de su provincia que arbitren los medios para que se entreguen a su administración las hojas de coca que estaban secuestradas en dos causas por contrabando e importación ilegal. El reclamo lo hizo público en las redes sociales, donde además formuló el pedido a la AFIP y a la Secretaría General de la Presidencia, a fin de que se frene la quema del material incautado.
Poco después, un planteo similar fue acompañado por el gobierno de Salta, a cargo de Gustavo Sáenz.
En su solicitud por escrito, Gerardo Morales apuntó que buscaba “remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal que atraviesa la provincia”, debido al cierre de fronteras resuelto como medida preventiva por la COVID-19. Y resaltó que la hoja de coca “constituye un elemento central en la cosmovisión de los pueblos indígenas”, y que su escasez estaba produciendo “malestar social” en las comunidades.
En la misma sintonía, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, solicitó el 18 de mayo el mismo requerimiento y se comprometió a respetar “íntegramente la trazabilidad y transparencia de dicho proceso”. En esa clave, tanto Jujuy como Salta elaboraron protocolos sanitarios específicos para la elaboración, tratamiento y entrega de las hojas de coca durante el contexto de pandemia
Los planteos, finalmente, tuvieron el visto bueno de la Justicia. A través de una resolución conjunta de los fiscales federales Erico Zurueta y Eduardo Villalba, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, definieron habilitar la entrega de 864 kilos del producto incautado en distintos oficios.
Según los considerandos del texto, los pedidos “resultan atendibles” ante el desabastecimiento y que la escasez “traería aparejado una conculcación de prácticas ancestrales de los pueblos originarios que se han extendido a toda la sociedad jujeña y salteña”, al referirse a la práctica del coqueo.
Fuente:Infobae
