La  creación de la  comisión Nacional Anticorrupción representa el eje del  proyecto de ley presentado en el Congreso  recientemente por el diputado nacional  por Salta, Miguel Nanni,  junto a su par de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Echegaray. La función principal del comité que buscan instaurar ambos legisladores radicales será elaborar un informe sobre los casos de corrupción en el Estado ocurridos desde el 2003 hasta el 2015.

“Así como la CONADEP sepultó y clausuró el tiempo de los golpes de Estado, nosotros queremos clausurar el tiempo de la corrupción. Lo que viene tiene que ser el final de una larga era de deshonestidad  sistemática y para eso precisamos que no sea una  pelea quijotesca de algún héroe sino que  todos los actores de la sociedad necesitamos estar en contra de la corrupción”, aseguró Nanni quien además fue parte de la elaboración del proyecto que dio forma a la ley de Acceso a la Información Pública recientemente sancionada.

 “Desde el Congreso de la Nación y en el lugar de legisladores nacionales  queremos colaborar con la Justicia y lo haremos a través de la apertura de  investigaciones y la recepción de denuncias que luego se las remitiremos. Buscamos humildemente y con un  fuerte compromiso, el terminar con una  época que le hizo tanto daño a nuestro país”, agregó el diputado salteño.

Este proyecto, que se basa en la propuesta de Ernesto Sanz –quién propuso la creación de una Comisión de Investigación de Corrupción en el Estado inspirada en el trabajo de la histórica CONADEP –tiene como finalidad “reunir testimonios y pruebas para elaborar un informe final que se ponga a disposición de la justicia y que represente un Nunca Más de la corrupción sistematizada en Argentina”.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de ley presentado por los diputados nacionales del bloque UCR-Cambiemos crea la comisión Nacional Anticorrupción cuya función principal es recibir denuncias y pruebas sobre los hechos ilícitos y prácticas de corrupción cometidos en perjuicio de la Administración pública Nacional en el período 2003/2015.

 Luego, deberá redactar un informe final y remitir a la justicia aquellos elementos que puedan configurar un delito. La comisión no tendrá el objetivo de administrar justicia.

La comisión, que trabajará durante un año y luego quedará disuelta, estará integrada por 17 miembros que trabajarán ad honorem: 3 diputados, tres senadores, dos representantes de entidades periodísticas, un representante por cada uno de los cultos católico, judío, evangélico, e islámico, 3 representantes por ONG especializadas en control público, dos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.