En una audiencia de acuerdo pleno celebrada el lunes pasado, la Unidad Fiscal de Salta y la Defensa Pública destacaron el proceso de recuperación de una mujer, quien, por su condición de extrema vulnerabilidad, había sido captada para integrar una organización dedicada al transporte de droga desde Orán a Salta.
Ante la jueza de Revisión Mariana Catalano, el fiscal general Eduardo José Villalba señaló que este caso, en el que también resaltó la captación de un hombre analfabeto para acopiar la droga en su casa, son una clara muestra de que el narcotráfico impone su interés por encima de cualquier condición humana: “No les importa nada ni nadie”.
En la audiencia, el fiscal Villalba representó a la PROCUNAR NOA, área que llevó adelante la investigación de esta organización, liderada por Sebastián Policarpio Flores, quien será llevado a juicio por el delito de transporte agravado de estupefacientes.
Respecto a las cinco personas que fueron detenidas en el marco del caso, y por las cuales se arribó a un acuerdo de juicio abreviado, Villalba expuso el rol de cada uno de ellas, y señaló la pena acordada con las defensoras oficiales Clarisa Galán y Ximena Colombres.
Villalba se refirió a la situación de una de las imputadas, quien había sido captada por órdenes de Flores para ser utilizada en el transporte de la droga de Orán a la capital de Salta, para lo cual adosaban la droga en distintas partes de su cuerpo y las despachaban en remises.
Tarea destacada
“En este caso, cabe destacar el proceso de recuperación de la imputada, quien fue captada dado su extremo grado de vulnerabilidad, pues se trataba de una mujer adicta a las drogas, situación de la que se valieron para usarla en esta empresa delictiva”, explicó el fiscal.
No obstante, la acusada decidió someterse al tratamiento de rehabilitación “con una firme determinación, lo cual incluso ya nos sorprendió, cuando en una audiencia previa (de prórroga de medidas de coerción), optó por seguir privada de la libertad, púes no quería perder el proceso de recuperación bajo el cual se hallaba”.
“Ahora, a cuatro meses de su detención, advertimos que su recuperación avanzó de manera notable, tarea en la cual, por supuesto, influyeron muchísimo las gestiones de la Defensa Pública y otros organismos públicos siempre presentes en estos casos”, agregó el fiscal.
Respecto al rol de la imputada en la organización, Villalba entendió que, si bien la mujer fue detenida con la droga adosada a su cuerpo, “no estaba al tanto de los movimientos de la organización, ya que sólo era un medio utilizado con el único fin de llevar la droga de un lado a otro”.
En vista de ello, acordó con la defensa una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más la aplicación de reglas de conducta, entre las cuales se encuentran la prohibición de no consumir drogas ni alcohol, como seguir adelante con el tratamiento de rehabilitación.
Ante esta experiencia positiva de recuperación, la fiscalía consideró valioso que pueda relatar su situación a otras personas que luchan por salir de este flagelo, por lo que también se acordó su participación en distintos grupos de rehabilitación.
Situación de calle
Por su parte, la defensa también resaltó la historia de vida de la acusada, quien “se hallaba en situación de calle, ya que sus familiares, debido a su alto grado de adicción a las drogas, no aceptaban darle asilo. Ahora, una hija, al ver su cambio, aceptó tenerla en su casa”.
Las defensoras detallaron que, en coordinación con la Secretaria de Salud Mental de la Provincia de Salta y el equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario Federal, la acusada pudo ser sometida rápidamente a un tratamiento de rehabilitación en un instituto ubicado en General Güemes, próximo al complejo penitenciario.
Al momento de expresar su conformidad respecto al acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa, la acusada resaltó el cambio logrado. “Agradezco la ayuda que recibí, cuando vine estaba muy mal, sin embargo, ahora me siento bien y quiero dar mi testimonio. La droga es lo peor, uno pierde todo, incluso hasta la familia”, expresó.
Por otra parte, la fiscalía presentó las condenas acordadas para otras tres mujeres y un hombre, quienes también integraban la misma organización. Se trata de penas que van de los 3 a 6 años de prisión, bajo la modalidad de prisión domiciliaria o en suspenso, aplicación de reglas de conducta y, en uno de los casos, la realización de tres horas semanales de tareas comunitarias, por un lapso de un año.
Tras evaluar el acuerdo y escuchar la conformidad expresada en la audiencia de cada uno de los imputadas y del imputado, la jueza Catalano dictó las condenas en los términos presentados por la fiscalía, con lo cual se dio por cerrado el caso.
