Ai nstancia de la acusación presentada por el fiscal general Eduardo José Villalba, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada el viernes pasado la investigación penal contra una pareja por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El magistrado, también a pedido de la fiscalía, dispuso la prisión preventiva de las dos personas acusadas, quienes fueron detenidas el jueves 14 de octubre a raíz de dos allanamientos realizados en el marco del caso, uno de ellos en su vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad.

Al presentar el caso, la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó al juez que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por un cliente de los servicios sexuales, quien reveló que una joven víctima padecía una discapacidad, razón por la cual indagó sobre su situación de vida. Así, dijo, pudo conocer que era explotada por una mujer nombrada como “la madrina”, quien utilizaba como factor de sometimiento una supuesta deuda de la víctima.

Teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad que padecía la joven, el cliente se presentó en el Polo Integral de la Mujer, organismo provincial de asistencia a las mujeres víctimas, donde denunció lo sucedido. El caso fue remitido a la Unidad Fiscal Salta.

“La denuncia se hizo el 29 de junio pasado, lo que motivó no sólo el inicio de las actuaciones penales del caso, sino también una serie de medidas de asistencia y contención hacia la víctima, lo que se articuló junto al Polo de la Mujer, la Defensoría General de la Víctima y la Unidad Fiscal Salta”, explicó Gual.

Sobre los hechos, sostuvo que la joven era obligada a realizar servicios sexuales a clientes que se contactaban primero con los acusados, quienes publicitaban a la joven en un sitio web de “encuentros sexuales”.

Esta situación, según resaltó, data desde el año 2013 y pudo extenderse en el tiempo debido al extremo estado de vulnerabilidad de la víctima, quien padece un retraso madurativo moderado. Esa condición, señaló, fue aprovechada por los acusados para ejercer sobre la joven mujer distintas maniobras intimidatorias, al punto tal que lograron un total sometimiento de su parte.

En hoteles

Gual destacó que la joven era trasladada hasta los lugares donde se realizaban las citas “score”, lo cual sucedía en distintos hoteles de la ciudad, tanto en el micro como el macrocentro y hasta en la vecina provincia de Jujuy.

Además, era controlada mediante llamados a un teléfono celular que le proveían, tomándole el tiempo que debía durar cada encuentro.

Incluso se pudo establecer que, por alrededor de un mes, la trasladaron a Santa Cruz, Bolivia, donde también fue explotada sexualmente. Con estos elementos probatorios reunidos por la fiscalía a partir de la tarea de campo e investigación en las redes sociales, se solicitaron los allanamientos y la detención de los acusados.

Como resultado de ello, se secuestró ropa erótica, lencería, preservativos, nueve teléfonos celulares, una computadora y otros dispositivos electrónicos, entre otras pruebas. Al respecto, la auxiliar fiscal explicó que la joven, en su relato, sostuvo que los acusados la obligaban a vestir esa ropa, oportunidad en que le tomaban fotos cuyo destino desconoce.

Esas fotografías, precisó Gual, eran subidas al sitio web de encuentros sexuales por los acusados, lo cual se pudo establecer a partir de un cotejo entre la IP de la computadora secuestrada y un informe remitido por la página de encuentros.

Tras varios meses de tratamiento, la joven accedió finalmente a relatar cómo fue captada. Dijo que proviene de una localidad del interior de la provincia, donde su familia fue víctima de una tragedia en la que murieron dos hermanos, tras lo cual comenzó a sufrir episodios de violencia y abuso, por lo que decidió trasladarse a la capital salteña.

A poco de llegar, conoció a las personas acusadas, quienes le ofrecieron trabajo como niñera, pero a los meses la obligaron a cumplir con los servicios sexuales. En el resto del tiempo, debía realizar las tareas domésticas y cuidar los niños de la pareja.

En base a estos hechos, la fiscalía imputó a la pareja detenida por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y solicitó al magistrado autorización para avanzar con los peritajes técnicos al material secuestrado en los allanamientos.

Prisión preventiva

El fiscal Villalba requirió también la prisión preventiva de los acusados, dada la gravedad del caso, la naturaleza de los hechos, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento en el que los imputados podrían incurrir en caso de quedar en libertad provisoria.

Resaltó las distintas aristas de la investigación. “Este es el primer caso que traemos en el cual se advierte penosamente la gran extensión en el tiempo de sometimiento por parte de los acusados. Por siete años, la víctima sufrió y padeció a manos de los acusados, quienes prácticamente la cosificaron”, afirmó.

Destacó los esfuerzos realizados por los profesionales, tanto de la Unidad Fiscal como de la Defensoría General de la Víctima y el mismo Polo Integral de la Mujer, para asistir y contener a la joven, quien aún se encuentra aterrada por las posibles represalias de la pareja.

En ese sentido, informó que, mediante terceros, los acusados intentaron tener contacto con la víctima, situación que refuerza su pedido de prisión preventiva, más allá de que el mismo delito imputado prevé una escala penal elevada que imposibilitaría una condena de ejecución condicional. Por último, recordó el compromiso del Estado Nacional de perseguir el delito de trata de personas, el cual fue asumido mediante tratados internacionales.

La defensa de los acusados, en tanto, trató de minimizar los hechos y rechazó cualquier posibilidad de entorpecimiento por parte de sus defendidos, de quienes resaltó la falta de antecedentes penales y su comportamiento tras su detención. En base a estos argumentos, la defensa solicitó como primera medida la libertad de los acusados y, en caso de no tener respuesta favorable, el arresto domiciliario.

Al resolver, el juez Bavio coincidió en todo con el planteo de la fiscalía, por lo que dispuso la formalización del caso, la prisión preventiva de la pareja y autorizó los peritajes solicitados por la fiscalía. “Tenemos una víctima vulnerable, con miedo y que debe ser protegida, sin amenazas”, reconoció el juez, quien también se mostró impactado por “una explotación tan prolongada de más de 7 años”.