Durante dos años, los jóvenes deberán fijar domicilio y someterse al programa de inserción social y supervisión de presos y liberados. Además, deberán abstenerse de concurrir a determinados lugares o relacionarse con personas del ambiente delictivo que se dediquen a cometer distintos tipos de delitos. 

Por ese tiempo no podrán consumir estupefacientes ni abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas. Tampoco podrán acercarse ni ingresar al domicilio del denunciante y su familia, en un radio de 200 metros a la redonda, ni al lugar donde cometieron el hecho. 

Deberán abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica en su contra, proferir insultos o palabras agraviantes o soeces y desplegar conductas amenazantes en contra del denunciante y su familia. 

Finalizada la audiencia, los dos condenados recuperaron su libertad. Este juicio se realizó mediante comunicación electrónica con los acusados, que se encontraban detenidos en la comisaría de General Mosconi.

El hecho sucedió el 1 de julio en horas de la tarde, cuando Lávaque y Herrera escalaron un alambrado para ingresar en el predio del denunciante. Allí violentaron una puerta para ingresar a la vivienda, desde donde sustrajeron dos colchones, un aire acondicionado, un calefón eléctrico entre otros elementos.