Una misión de Amnistía Internacional Argentina viajó a Salta con el fin de exigir el fin de la criminalización a la médica Miranda Ruiz, imputada por realizar una interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, en el norte salteño, y pedir la eliminación de las barreras que persisten en el acceso a la práctica en toda la provincia.
“El aborto es ley en Argentina, sin embargo, los obstáculos en su acceso persisten. Muestra de ello es la persecución injustificada a una a médica como Miranda, que hizo su trabajo y aun así enfrenta una causa penal”, expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
La directiva de este movimiento consideró que “profesionales que día a día ponen su experiencia y saber para cumplir con su deber y garantizar un derecho que tanto le costó al movimiento de mujeres merecen el respaldo incondicional del Estado”.
En este sentido, entendió que “no hacerlo compromete el ejercicio de los derechos humanos y la responsabilidad de la Argentina frente a la comunidad internacional”, tras lo que sostuvo que la causa en contra de la médica “traiciona el compromiso de la justicia con los derechos de las mujeres y emite además un peligroso mensaje para el personal de salud en particular y para la sociedad en general”.
Las afirmaciones de la directiva fueron plasmadas en un comunicado que la organización emitió hoy, tras la visita de una misión a Salta, en el marco de una estrategia internacional de solidaridad y apoyo a Miranda Ruiz, la médica “procesada injustamente” por garantizar un aborto legal.
La misión se reunió con los investigadores a cargo de la causa y con autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, con el propósito de exigir el cese de la investigación en contra de la médica.
Además, aprovechó para documentar la relevancia que tiene el trabajo que cada día realiza la profesional de la salud en su comunidad, así como el impacto negativo de su criminalización en el acceso a la interrupción del embarazo en la provincia, por lo que exigió la adopción de medidas para eliminar las barreras que persisten en el acceso a la práctica.
Según el comunicado, la delegación estuvo en Salta entre el 9 y el 13 de mayo pasado, y visitó y entrevistó a Ruiz, sus colegas y autoridades del hospital tartagalense Juan Domingo Perón, quienes “dieron cuenta de su excelencia y compromiso como profesional”.
Asimismo, se relevaron testimonios de más de diez profesionales de la salud del sector público y privado, así como de referentes locales del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de la organización “Socorro Rosa Salta”, quienes identificaron las barreras que persisten en la efectiva implementación de la Ley 27610 de interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo, en Salta.
