En plenario de senadores encabezado por el presidente del cuerpo, Antonio Marocco, el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, brindó este jueves detalles sobre los planes de fondo del organismo y la tarea que debió desplegar ante la contingencia de la pandemia de coronavirus.
Saravia dijo que se resolvió congelar el precio de los servicios de distribución de energía eléctrica y agua potable, pese a que las empresas estaban habilitadas en abril a solicitar el incremento tarifario. Aclaró que la medida rige en principio hasta el mes de agosto.
Dijo que, sobre un total de 358 mil usuarios de energía eléctrica en Salta, 329 mil fueron alcanzados con la prohibición de corte de servicios entre el 20 de marzo y el 20 de setiembre, por una disposición que establece la posibilidad de ese beneficio a quienes consumen menos de 500 kilowatts por mes y que hubo casos de cortes, aunque en un mínimo porcentaje ya que alcanzó a 454 usuarios, muchos que debían más de tres cuotas o tenían mayor consumo. Aclaró también que en Salta suman 165 mil usuarios protegidos de energía eléctrica y 156 mil de agua.
Se refirió a un Proyecto de Ley aprobado en Diputados por el cual se pide la apertura de más bocas de cobranza de servicios en el interior provincial, para evitar filas y en resguardo de la salud de los usuarios.
Saravia aclaró también que, por la pandemia, en 11 días de marzo se aplicó por causas de fuerza mayor la «facturación estimada», tomando como base el consumo del mismo mes de año anterior, lo que en algunos casos provocó que la boleta llegue con importe menor y se corrija en la boleta siguiente, lo que no constituye un aumento.
Explicó además que se trabaja para solucionar el problema que significa para empresas y comercios el pago del ítem «potencia instalada», ya que CAMMESA cobra ese servicio aunque las empresas hayan estado cerradas u ocupado el mínimo de esa potencia, que en el caso de Salta asciende a una suma de 15 millones de pesos.
Sobre los planes de fondo del organismo dijo que se avanzó en la recuperación de la plena autarquía; se avanza en la planificación de un nuevo edificio en Pereyra Rozas, para llevar al lugar al ENRESP, ENREJA y REMSA y así dejar de pagar alquileres; construir un laboratorio de análisis de calidad de agua.
Por otra parte, sostuvo que se logró un ahorro de más de 10 millones de pesos que impactan en el presupuesto del organismo y se planteó un aumento en los montos de multas para las empresas por incumplimiento de plan de inversiones o del contrato de servicios.
En tanto, los legisladores consultaron sobre canalización de los reclamos de usuarios, calidad del agua, tema sobre el que se particularizó la situación de Rosario de Lerma y Metán; subvención a clubes deportivos y otras instituciones; provisión del servicio eléctrico en localidades o parajes alejados, como el caso de Luracatao y convenios con municipios para habilitar oficinas del organismo y para capacitar personal, entre otras cosas.
