El proyecto es de autoría de los diputados Esteban Amat Lacroix, Germán Rallé, Lino Yonar, Juan Carlos Roque Posse, Víctor Lamberto, Patricia Hucena, Laura Cartuccia, Martín Pérez y Gonzalo Caro Dávalos.

Según la norma, el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que tendrá a su cargo el desarrollo de políticas públicas que garanticen un efectivo apoyo del Estado Provincial a las empresas recuperadas de la provincia de Salta.

En tanto, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta, a requerimiento de la autoridad de aplicación, se encargará de realizar una inspección en el lugar de trabajo, emitiendo un informe acabado dentro de los treinta (30) días desde el requerimiento, sobre las condiciones laborales de los trabajadores, el estado de funcionamiento de la unidad productiva y los antecedentes del establecimiento obrantes en sus registros.

La Autoridad de Aplicación deberá llevar adelante un Registro Provincial de Empresas Recuperadas por sus trabajadores, debiendo remitir además la información pertinente al Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacEr).

Por otra parte, se establece que las Empresas Recuperadas que se inscriban en el Registro tendrán, de acuerdo a las condiciones establecidas en la reglamentación, acceso a asistencia técnica, jurídica y contable para que la empresa recuperada pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; diferimiento del pago del Impuesto a las Actividades Económicas por un año, contando desde la inscripción de la empresa en el Registro; Líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico.

Durante los dos primeros años de continuidad de la empresa recuperada, la difusión de los productos elaborados por ellas a través de los espacios que el Poder Ejecutivo cuente en los medios de comunicación. Acompañamiento por parte del Estado provincial en los trámites correspondientes para la exportación de productos, asistiendo a las empresas recuperadas en la realización de las inscripciones que deben obtener para poder exportar. Así también, tarifas subsidiadas de Agua y Energía Eléctrica, lo que será instrumentado a través del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La diputada Patricia Hucena, una de las autoras, señaló que “el proyecto tiene por objeto generar herramientas para el sostenimiento y reactivación de las empresas recuperadas y con ello, el mantenimiento de las fuentes laborales de quienes trabajan allí”.

Asimismo, la legisladora que preside la comisión de Hacienda y Presupuesto señaló que “nuestro país vive momentos difíciles, de turbulencias y crisis económica, por lo que se hace indispensable generar instrumentos para que la actividad privada invierta, prospere y genere empleo”.

No obstante, Hucena también consideró importante “lograr el mantenimiento de las unidades productivas”, precisando que “son los trabajadores los que rescatan estas empresas y necesitan del Estado que los ampare”.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con un voto negativo. Pasó al Senado en revisión.