La ley 27499 estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles y tres poderes del Estado. Y establece: 
Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. 
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
A nivel nacional, el plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres y el Ministerio de Modernización.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.
En Salta, la adhesión a la Ley Micaela fue aprobada el jueves 4 de abril, durante la primera sesión ordinaria del Senado de la Provincia. La adhesión de la provincia de Salta a la Ley Nacional 27.499 “Ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
La jueza Bonari también es responsable de la Oficina de la Mujer y supervisora de las OVFG del Poder Judicial.