En sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y convirtió en ley el “Acuerdo de Escazú” sobre acceso a la información ambiental.

En primer lugar, con 245 votos afirmativos, 3 votos negativos y una abstención, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo centrado en el financiamiento del programa de Reparación Histórica, los préstamos con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de los Créditos ANSES y los derechos políticos de las acciones de sociedades en cartera del FGS.

Como miembro informante del texto, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) explicó que el objetivo “es volver a poner al FGS como garante del conjunto del sistema previsional”. “La ley plantea que el FGS debe priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía en general”, añadió el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la sesión especial, además, Diputados sancionó el proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, en 2018. Fue por 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones.

El diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos, explicó que con la ratificación del acuerdo “Argentina está recogiendo la bandera levantada por miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país” Asimismo, Valdés agregó que el texto reconoce “una demanda histórica de grupos sociales vinculados al trabajo del suelo, que reclaman mayores compromisos de los gobiernos con la transparencia en la información ambiental”.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) ratificó que el tratado “es una herramienta que se construye de manera transversal y en alianza estratégica entre los diferentes poderes del estado con las organizaciones de la sociedad civil”.
Posteriormente, se debatió el proyecto de ley que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, de autoría del diputado Pablo Carro (Frente de Todos).

A pesar de haberse votado afirmativamente, y luego de diversos cuestionamientos por parte de varios bloques parlamentarios debido a la incorporación, a último momento, de una modificación en al artículo 2 de la norma, el titular del cuerpo, Sergio Massa, sugirió que la iniciativa vuelva a comisión con el fin de “lograr un proyecto de consenso”. A través de una moción de reconsideración, se votó afirmativamente con más de los dos tercios, y se comprometieron a tratarlo en la próxima sesión, con o sin despacho.