La nueva iniciativa –precisa la resolución- tendrá el objetivo de “garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad”, y se prolongará entre este mes y el 28 de febrero próximo.

En concreto, el acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios fijos y que ingresan al programa sostendrán un valor constante por los 120 días de vigencia del mismo, sin modificaciones.

En tanto, las empresas que se sumen al programa deberán comercializar al resto de sus productos –que no tendrán precios fijos- con un tope de aumento de 4% en noviembre respecto a los valores promedio de octubre, y con topes de la misma magnitud para el resto de los meses de vigencia tomando siempre como referencia el valor del mes anterior.

En todos los casos, las empresas que suscriban el convenio deberán vender los productos de forma “constante e ininterrumpida”, tomando en cuenta “el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses” y que las firmas “cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.

Para ello, la resolución dispuso un esquema de control mediante el cual cada empresa deberá informar de forma mensual entre los días 1 y 10, el volumen total provisto a los supermercados de cada uno de los productos con precios fijos a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.

Por su parte, en caso de que las empresas no puedan proveer el producto por causas ajenas a las mismas, deberán informarlo a las 72 horas de tomar conocimiento de dichas causa y comercializar, en su lugar, algún producto sustituto y equivalente.

Del mismo modo, los supermercados también deberán informar bajo el mismo esquema los volúmenes solicitados al proveedor y los efectivamente recibidos.

Al igual que en otros programas gubernamentales, los productos que formen parte del programa estarán señalizados en las góndolas, folletería y plataformas digitales con el nombre Precios Justos, al igual que en las puertas de ingreso de los locales adheridos.

Las empresas caerán en una infracción en el caso de no ofertar los productos, no identificar con la señalética a, al menos, el 80% de los mismos; o en el caso que establezcan alguna restricción al número de venta por consumidor o grupo familiar.

También caerán en un incumplimiento si no responden “en tiempo y forma a los requerimientos de información”.