El expediente unifica varios proyectos presentados por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y tiene por objeto “la implementación de medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

La iniciativa, en sus fundamentos, sostiene la necesidad de "paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

El costo fiscal de la medida fue calculado en alrededor de $50.000 millones para el Estado nacional.

Los rubros comprendidos en el expediente son los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

El proyecto, además, prorroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque; así como bonos vacacionales para los consumidores, programas de pre venta y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

En su alocución, la senadora salteña, Nora Giménez sostuvo que "Los senadores hemos asumido el desafío ante esta situación de emergencia de la actividad turística. Esperemos que a partir de la aprobación de esta ley comience un proceso de reactivación que incluya a todos los actores que participan del turismo",