El expediente obtuvo el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición durante la segunda sesión de la semana, debido a que en la víspera la Cámara alta también se abocó al análisis de otras iniciativas de ley.

El proyecto de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.

Uno de los principales ejes de la iniciativa establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.

El expediente establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán con una tasa del 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el proyecto fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las mismas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito del momento en que quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las fue otorgado y con las modificaciones acordadas que favorecen al deudor.

La iniciativa también crea el Fondo Fiduciario Público "Programa de Inversiones Estratégicas" que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.

Durante la sesión de esta tarde, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el pampeano Daniel Lovera, afirmó que “este proyecto pretende alterar la fuente de financiamiento, haciendo que los mismos sean soportados con los recursos del SIPA y con las reasignaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Economía”.

“De ese modo podemos cubrir a los beneficiarios de la reparación y preservar los recursos direccionándolos a su principal objetivo”, explicó Lovera y agregó que “se trata de un paso necesario para lograr un sistema previsional fuerte y solidario”.

En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, aseguró que la iniciativa busca “jerarquizar el Fondo de Garantías de Sostenibilidad” como “una estrategia muy significativa que es bueno para ANSES y los jubilados”.

“El horizonte que tenemos por delante es construir una Argentina inmensamente productiva que deje de lado todo el sistema especulativo que debe ser canalizado por otro lado”, afirmó el legislador mediterráneo.

Por su parte, el senador bonaerense Esteban Bullrich, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aseveró que el FGS “sigue la tendencia de la Argentina: cuando a la Argentina le va bien, al fondo le va bien y viceversa. Pero esta ley no basta”.

“Debemos pensar que estamos frente a un sistema que es deficitario y esa condición debe ser atendida, porque sino el fondo nunca va a alcanzar”, agregó el senador de Juntos por el Cambio.

Por último, Bullrich defendió la fórmula del cálculo de las jubilaciones aprobadas durante el gobierno de Mauricio Macri y que la administración de Alberto Fernández decidió suspender.

“El gobierno está 'defaulteando' a los jubilados por no seguir la fórmula que se sancionó en algún momento. El oficialismo puede decir que piensa en los jubilados futuros, pero no en los presentes”, añadió el senador bonaerense.

A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, defendió la política previsional del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, al argumentar que “parecería ser que, según el oficialismo, el derrumbe del FGS nace con una decisión política de la reparación histórica”.

“La decisión del destinar el dinero del blanqueo a la reparación no fue una mala decisión política”, afirmó Naidenoff.

Si bien elogió la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de incorporar al sistema previsional a millones de jubilados que no registraron aportes, Naidenoff advirtió que “no puede ser lo mismo quien aporta que quien no aporta: tal vez hubiera sido mejor que quienes ingresaron al sistema tuvieran un beneficio inferior a la mínima de quien aportó durante 30 años”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que cuando terminó el gobierno de Fernández de Kirchner, el FGS tenía un valor de 65 mil millones de dólares y que cuando Macri dejó el poder “había caído a 35 mil millones de dólares”.

“Por el camino se les cayeron treinta mil millones de dólares. El equivalente a las reservas argentinas. Eso fue producto de muchas arbitrariedades”, concluyó Mayans.