Rodolfo Urtubey fue el encargado de brindar detalles acerca de la iniciativa y especificó que, una de las novedades que tiene el proyecto es que la figura de extinción de dominio tendrá autonomía dentro del proceso penal, y el punto de partida será la elevación de la causa a juicio.
A su vez, manifestó: “Existe una vieja deuda de la Justicia argentina y de la ley penal” en relación a este tema, y agregó: “Siempre se dijo que la verdadera manera de combatir estos delitos organizados era darle un golpe económico a la estructura patrimonial”.
Entre los detalles brindados, Urtubey puntualizó que “El Procurador del Tesoro de la Nación será quien esté legitimado para iniciar esta acción, que tendrá un debido proceso que implica probar y requerir al imputado la prueba sobre el origen lícito de los bienes, sin invertir la carga de la prueba”.
Y agregó: “El mismo tribunal que tenga que dictar la condena de absolución, tendrá que dictar una sentencia en relación a esta acción civil, donde debe probar la vinculación de estos bienes con el delito”, dijo Urtubey.
Por otra parte, afirmó que el proyecto presentado es superador ya que existen figuras actuales que son ineficientes: “En el Código Penal existe el decomiso, que en realidad nunca funcionó, porque era una institución que requería que la pena impuesta fuera de condena y quedara firme en última instancia, con lo cual todos los ciudadanos veíamos cómo los bienes producto del delito se deterioraban o eran mal utilizados, y la posibilidad de recuperarlos se convertía en una ilusión”. Y agregó que: “En muchos lugares del mundo se empezó a pensar en una institución más idónea” como la extinción de dominio”.
A su vez indicó que el proyecto aprobado en Diputados ponía la tarea “en manos de fiscales del fuero civil comercial federal, y ese fiscal ante la mera sospecha podía iniciar una acción de extinción de dominio”, lo que “no se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.
En ese mismo sentido, el Presidente de bloque, Miguel Ángel Pichetto anunció que se convocará a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Seguridad Interior para comenzar el debate y dictaminar.