Antes del Covid-19, la globalización ya estaba en retracción. Estados Unidos y China se habían lanzado a una guerra comercial que afectaba a más de la mitad de su comercio anual bilateral, apenas disimulada por intentos esporádicos de tregua. En Europa, Gran Bretaña daba el paso final para su salida de la Unión Europea, el Brexit. Mientras las potencias definían esquemas de protección de sus mercados, perdían notoriamente peso los organismos cuya misión era velar por una globalización basada en reglas multilaterales, como la OMC.

La pandemia vino a asestar otro golpe a una economía global que nunca había terminado de recuperarse de la crisis de las subprime de 2008. A las tensiones comerciales en curso se sumó una lucha geoestratégica en torno a un nuevo modo de acumulación productiva: el de la Industria 4.0, que tiene como corazón al sector manufacturero en su nuevo cruce con las tecnologías de la información y la robotización.

Según el FMI, la economía mundial va a caer 3,2% este año y no habrá una recuperación clara el año que viene. Un total de 170 países van a estar en recesión, y la salida dependerá de cómo se consolide la nueva normalidad post pandemia. Las demandas de las sociedades ante las carencias van a hacer recrudecer tensiones internas y empujar a los gobiernos a exacerbar conflictos en la arena internacional en lugar soluciones cooperativas. En el mundo inmediatamente posterior a la pandemia, el otro será más que nunca sospechoso y el aislamiento obligatorio a nivel geopolítico incrementará las disputas entre naciones que perseguirán con más ahínco sus intereses.

Este escenario nos pone ante un importante desafío en toda la región y en especial en Argentina. Desde la Cepal ya advirtieron que América Latina y el Caribe se encamina a algo muy parecido a una economía de guerra, que va a caer 5,3% este año.

Nuestro país entró particularmente herido a la pandemia, con dos años de recesión sobre las espaldas, una inflación en torno al 50%, la mitad de la capacidad instalada de la industria parada y el problema pendiente de la deuda. Pero también lo hicimos, afortunadamente, con un liderazgo político renovado y con la convicción de cambiar la alianza que el gobierno anterior había sellado con los sectores que representan a la especulación financiera por un acuerdo con la producción y el trabajo.

La conducción del presidente Alberto Fernández también sirvió para tomar ante la pandemia la decisión política de implementar rápidamente medidas sanitarias audaces, junto al mayor paquete de ayuda estatal del que se tenga memoria y que ya supera los 5 puntos del PBI. Esa acción permite hoy que buena parte del país pueda empezar a volver a una nueva forma de normalidad, aunque sea parcial y paulatina.

El camino que viene no va a ser fácil, ni para nosotros ni para el resto. Por nuestra parte, va a requerir que pongamos en juego los acuerdos políticos y sectoriales con los que logramos combatir con buenos resultados la pandemia, para encarar hacia adelante una agenda de reconstrucción, orientada hacia el desarrollo pleno de nuestras capacidades productivas, con un carácter inclusivo y federal.

La reforma impositiva que promete el Ejecutivo para el año que viene tiene que ser un primer paso en esa dirección, a partir de acuerdos con los actores de la economía real, y servir como base para que el despegue. Desde allí nuestro plan de desarrollo tiene que incluir a nuestros principales activos como la agroindustria, Vaca Muerta y las economías regionales en un todo coherente en el que el Estado oriente el proceso, haga más eficiente su intervención y libere la energía productiva del país. La dirigencia en su conjunto tiene que propiciar estos acuerdos, imprescindibles para que el país pase de una lógica de suma cero a otra de beneficio común. El mundo que enfrentamos nos exige, más que nunca, avanzar en esa dirección.