Según establece el Anexo II que acompaña el decreto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología deberá “participar en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones, en coordinación con las áreas de la Administración Pública Nacional con competencia específica en la materia”. También, se la faculta a “supervisar a los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios en materia de comunicaciones y de las normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios de comunicaciones, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios a los regímenes federales en la materia”. Así, el control tutelar del Enacom será ejercido por este organismo, al igual que el de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), y deberá administrar las participaciones del Estado en Vehículo Espacial de Nueva Generación S.A. (VENG).
El artículo 15 le encomienda a la cartera la promoción del acceso universal a las nuevas tecnologías y la coordinación con provincias del país, empresas y organismos de su dependencia de “la optimización del uso de las facilidades y redes existentes”; y el 20, a fijar “las políticas nacionales y las prioridades consiguientes bajo la forma de planes nacionales de ciencia, tecnología e innovación”.
También deberá “intervenir en la formulación e implementación de las políticas en materia de inscripción y calificación de constructores y firmas consultoras de obras públicas y ejercer el contralor en todo lo relacionado con el accionar del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas”. Y fomentar la conformación de Fondos Sectoriales para para financiar proyectos de investigación e innovación “en áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores con alto contenido de bienes públicos”.
En términos de digitalización del Estado, entre las funciones adjudicadas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, están las de coordinar políticas de innovación administrativa y tecnológica del Sector Público Nacional; entender en materia de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas de información y comunicaciones; elaborar y ejecutar de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público; entre otras.
Subsecretaría de Tecnologías de la Información. Esta dependencia deberá “asistir a la Secretaría en el desarrollo y coordinación de las políticas que promuevan la apertura y el gobierno digital como principios de diseño aplicables al ciclo de políticas públicas en el Sector Público Nacional”.
Se le encarga a su vez la colaboración en el desarrollo de una estrategia nacional de gobierno abierto; llevar a cabo “políticas, marcos normativos y plataformas tecnológicas necesarias para el gerenciamiento de la información pública como un activo estratégico para el desarrollo de políticas, productos y servicios públicos basados en la evidencia”.
También deberá dirigir y supervisar la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) y asistir a la Secretaría en materia de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas
de información y comunicaciones.
Subsecretaría de Innovación. En particular este organismo se abocará a “la implementación de las iniciativas de innovación relativas a la gestión documental, procesos, servicios de tramitación a distancia y sistemas de autenticación electrónica de personas”, entre otros procesos de digitalización de la administración pública.
Deberá intervenir en el marco regulatorio del régimen sobre documento y firma digital y supervisar el Programa Punto Digital, entre otras facultades. En cuanto a la mejora y digitalización de trámites, será en coordinación con la Secretaría de Simplificación del Estado, a la que también se le determinaron funciones en el acuerdo publicado hoy: esta dependencia deberá fijar “las políticas de desarrollo administrativo y tecnológico del Estado en sus distintas áreas, su administración central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias”.
Dentro de la Secretaría de Simplificación del Estado, funcionará la Subsecretaría de Desregulación, encargada de los proyectos de simplificación de los trámites y políticas de innovación administrativa; y la de Calidad Regulatoria, para “analizar el cumplimiento a las normas referidas a desregulación, desburocratización y simplificación administrativa de los proyectos y anteproyectos de actos administrativos”.
Empresas y Sociedades del Estado. Dependerá a su vez de Jefatura de Gabinete la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, abocada a la “coordinación, seguimiento y evaluación de los planes de acción y los presupuestos de las empresas, sociedades del Estado, cuentas y fondos especiales (…) con el objeto de resguardar el interés público general comprometido”.
Se le encomiendo colaborar con Nicolás Posse en “materia de intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización de empresas, sociedades del Estado, cuentas y fondos especiales cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área”.
Y tendrá bajo su responsabilidad “proponer al Jefe de Gabinete de Ministros los lineamientos sobre los que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas y sociedades del Estado”.
De la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado dependerán tres Subsecretarías: la de Administración Societaria, la de Apoyo Legal Societario y la de Políticas de Gestión y Coordinación General.
