Este centralismo tiene consecuencias de todo tipo. Hoy las vemos en la cuestión sanitaria, con las dificultades que se producen para mantener distancias razonables en medios de transportes, calles y barrios donde hay mucha gente y poco espacio. Más allá de la pandemia, sin embargo, la aglomeración urbana produce problemas cotidianos en términos de seguridad, de acceso a la vivienda y otros servicios clave que hacen a la calidad de vida. En Argentina, seis de cada 10 empleos industriales están en tres provincias (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y en seis provincias del norte del país el empleo privado es menor que el empleo público. Toda crisis genera una oportunidad: una sería implementar herramientas que den lugar al cumplimiento de nuestro mandato federal constitucional.

Aun en el fragor de la batalla, el Covid-19 ya está dejando muchas enseñanzas, que tenemos que saber interpretar y actuar en consecuencia. Una de ellas es la importancia de tener un entramado productivo fuerte y consolidado, capaz de abastecer a nuestro país de los bienes esenciales en este contexto que asemeja, con matices, al de una guerra. Un país sin esta capacidad productiva que tiene Argentina en términos de alimentos, insumos médicos o energía enfrentaría muchas más dificultades. En un mundo que cada vez se repliega más fronteras adentro, consolidar y desarrollar la industria es una misión estratégica de primer orden.

Otra enseñanza es que ese despliegue tiene que ser más amplio e integrado territorialmente, para evitar los cuellos de botella que se producen en términos sociales y económicos. Argentina tiene que buscar un equilibrio correcto entre consolidar el rol del Ejecutivo nacional, que es fundamental a la hora de guiar políticas públicas como la educación y la salud en todo en territorio, y liberar fuerzas productivas y sociales en todo el país. En la década de los años ’90, por ejemplo, se hizo el camino inverso: el gobierno federal transfirió a las provincias la responsabilidad de la salud y la educación sin los recursos necesarios para sostener servicios de calidad.

Nuestras políticas tributarias, productivas y financieras tienen que hacerse cada vez más federales, para que se abran espacios económicos nuevos y se incentive a que la población no emigre de su lugar de origen y habite todo el territorio. Una cosa no va escindida de la otra, al contrario: en un país fuertemente centralizado, es el centro el que puede revertir el proceso a través de políticas activas. Hoy el acceso a bajo costo a nuevas tecnologías de la información y la comunicación generan oportunidades de conectividad y democratización económica inéditas y fáciles de usufructuar en esta dirección.

La misión de integrar federalmente al territorio no es solo económica sino también ética y ambiental, en un mundo en el que recién en 2007 la población urbana superó a la población rural en la Historia. Como escribe el Papa Francisco en Laudato Si, la concentración hace que “muchas ciudades sean grandes estructuras ineficientes… congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes”. La pandemia no hace más que ponernos en evidencia, quizás también pueda ser el puntapié inicial para cambiar la tendencia, urbi et orbi.