Cabe recordar otra nota presentada a Aranguren así como un proyecto de ley al respecto. También expuso en el recinto la situación de la provincia y trabaja en este tema con sus pares de bloque así como legisladores provinciales y representantes de los consumidores, además de haberse reunido con el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui para interiorizarlo sobre el caso particular de Salta.

En esta nueva nota al ministro de Energía, Javier David detalla los puntos a considerar en lo que marca como Bases para Tarifas Justas y Razonables.

1. La tarifa de gas debe tener en cuenta ineludiblemente la capacidad de pago y la realidad socio económica del usuario además del consumo. Las categorías basadas solo en el consumo atentan contra tarifas justas.

2. La tarifa de gas debe tener en cuenta las diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país. A menor desarrollo resulta claramente razonable contar con tarifas más bajas. Las zonas del país con indicadores sociales, económicos y laborales más bajos deben tener tarifas más bajas.

3. La tarifa social para los sectores más vulnerables debe ser automática, esto implica un derecho para quienes se encuentran en las condiciones que se establecen para el acceso a las mismas y no debe requerir trámite alguno, salvo aquellas situaciones donde el Estado extraordinariamente no tenga la información correspondiente.

4. El costo de transporte en razón de la distancia en la que se encuentra el usuario no puede impactar de tal forma que genere inobservancia de los principios detallados precedentemente. Al contrario, consideramos que las zonas más alejadas del país se encuentran en una situación de desventaja debido a la estructura propia de desarrollo de la Argentina por lo que el costo del transporte hacia esas zonas debe ser absorbido por el estado hasta el punto de ser igual al que pagan los usuarios de las zonas centrales.

5. Los subsidios en la distribución de energía eléctrica para Buenos Aires y Capital Federal que soporta el presupuesto nacional y que no tiene igual correlato en las demás provincias argentinas deben ser eliminados.

6. Las categorías en las que se han encuadrado las provincias y las distribuidoras como umbrales de consumo para el precio de las tarifas deben ser revisadas y reformuladas en base a los principios contenidos en las presentes bases.

7. Debe existir una tarifa especial para Pymes en base a criterios de localización y desarrollo sectorial.

8. Evitar el uso de topes como mecanismos de aumentos pues solo contribuyen a profundizar inequidades e injusticias. Aquel que ya pagaba mucho pagará más aún y el que pagaba muy poco lo seguirá haciendo.

9. Bajo ningún punto de vista puede establecerse en ninguna etapa del costo ni en el valor final, tarifas en el interior más caras que en la capital federal.

10. Resulta imprescindible ordenar una auditoría integral de los sistemas de  medición de consumo que efectúan las distribuidoras de gas atento a la enorme disparidad detectada en las distintas facturaciones a partir de lo que fue el incremento intentado en meses anteriores.