Con 222 votos afirmativos, una abstención, cero voto en contra y 33 diputados ausentes, se aprobó este jueves el proyecto de Ley de prórroga de la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2022; mismo que pasó en revisión al Senado nacional.
Entre los salteños votaron a favor seis de los siete representantes, Javier David, Pablo Kosiner, Miguel Nanni, Alfredo Olmedo, Andrés Zottos y Sergio Leavy.
En tanto, en el rubro ausentos figura el diputado Martín Grande, que fue el único que no suspendió su campaña electoral, como lo hicieron los que aspiran a distintos cargos y finalmente fueron a cumplir con la tarea para la que fueron elegidos.
La sesión se inició a las 12:14 con un quórum de 135 diputados. El oficialismo, de acuerdo con un acuerdo previo, contribuyó al quórum y a reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto. Era necesaria esa mayoría especial porque la iniciativa no pasó antes por comisiones.
El titular del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, consideró que “no es ilógico pensar que estamos en una emergencia alimentaria porque es una consecuencia de la falta de crecimiento y de un plan económico que ha fracasado”. “El objetivo es llegar con alimentos y medicamentos a los sectores más vulnerables”, añadió el diputado salteño. “Vamos a acompañar esta ley de emergencia en el convencimiento que lejos está de una especulación política coyuntural”, cerró.
Zottos consideró que es importante que se prorrogue la emergencia alimentaria y se asignen màs partidas para los vulnerables, pero no deja de ser un parche que queda corto por la falta de soluciones de fondo.
EL PROYECTO EN DEBATE
El proyecto plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002 e impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
Asimismo, la iniciativa, que se unificó en base a doce proyectos presentados por diferentes bloques opositores, establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Según el proyecto, específicamente en el artículo 5°, a partir del 2020 se facultará al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Para ello, se tomarán como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).