En su requerimiento, el fiscal dio por probado los hechos que mantuvieron en vilo a tres gremialistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quienes fueron objeto de un violento secuestro ejecutado por manifestantes opositores a la actual conducción de dicho gremio.

Armados con palos, bidones de combustibles, cadenas y otros elementos, los imputados irrumpieron en la sede local de la UTA, en calle San Luis al 500, donde desalojaron a afiliados y trabajadores a excepción del secretario general, Jorge Flores y a los responsables de las áreas de Acción Social y Deportes, Mario López y Miguel Rasjido, respectivamente.

Una vez que trabaron el acceso a la sede gremial y a las instalaciones de la Farmacia de la Obra Social, edificio contiguo, el grupo disidente agredió a los dirigentes cautivos, robaron dinero de las oficinas de finanzas (una suma de 65 mil pesos), rompieron parte del mobiliario y exigieron la renuncia de Flores, caso contrario amenazaron con incendiar el sindicato.

La violenta toma en la UTA mantuvo en vilo a los vecinos y familiares de los gremialistas, como así también generó una gran conmoción por el grado de violencia desplegado por los agresores en busca de lograr sus exigencias.

Tras varias horas de negociaciones, finalmente la toma fue disuelta y se detuvo a más de 30 manifestantes, muchos de los cuales se habían unido a último momento al grupo que ejecutó y gestó el secuestro de Flores, López y Rasjido.

Las actuaciones penales del caso quedaron en manos de la fiscalía penal 6, la cual llevó adelante una serie de diligencias y medidas probatorias, las que permitieron la imputación de once de los manifestantes que participaron de la toma,quienes se encuentran detenidos.

En vista de las testimoniales, recopilación de imágenes, documentación médica que pruebas las lesiones de las víctimas y otras pericias técnicas, el fiscal solicitó el enjuiciamiento de Omar Daniel Pereyra, Walter Ignacio Pérez, Daniel Hipólito González, Oscar Raúl Villa, Exequiel Maximiliano Malenque, Oscar Orlando Camacho, Carlos Martín Barrios, Cristián Alberto Figueroa, Jorge Juan Banda, Sixto Domingo Tactagi y Agustín Darío Cayo por los delitos de secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños, figuras penales que contemplan penas de hasta 15 años de prisión.

“Concierto delictivo”

 Al momento de referirse al accionar desplegado por los imputados, el fiscal sostuvo que “se trató de un concierto delictivo donde todos y cada uno de los imputados tuvieron el poder de decisión sobre la situación, la que demostraron cada vez que han podido ser observados y escuchados, manifestando que querían el desplazamiento de las autoridades gremiales legítimamente constituidas y para ello ejercieron violencia para lograr torcer su voluntad.”.

Córdoba Mazuranic indicó que los hechos delictivos imputados se encuentran debidamente acreditados. Agregó que “el abordaje se produjo de forma organizada, ocultando la identidad algunos de los causantes, mientras otros actuaron a cara descubierta”.

Indicó que los imputados ejercieron “actos de vandalismo”, pues rompieron diferentes muebles y objetos de la entidad gremial y de los dirigentes secuestrados, como ser el vehículo de Flores. Tras tomar el control del edificio, los acusados comenzaron con sus exigencias de renuncia de la actual conducción.

Para ello, los acusados golpearon a los dirigentes retenidos, como así también ejecutaron acciones de sometimiento psicológico.

Para el fiscal, los imputados “actuaron en forma organizada” y  “desarrollando un plan previamente organizado y contando con la información donde se encontraban algunos objetos de valor, en el presente caso sumas de dinero en efectivo recaudadas por la sede gremial”. Los acusados, agregó, “procedieron directamente al desapoderamiento ilegitimo del dinero, previa rotura de los lugares donde se encontraba resguardado”.

Del análisis de las actuaciones, el fiscal sostuvo que “hubo cierta división de roles, ya que unos se acercaban por la ventana, otros arrojaron combustible, otros salían al balcón de la terraza para indicar su beligerancia y las consecuencias del ingreso del personal policial, a la par que ejercían una tarea de desinformación indicando que se estaba en un asamblea (la que no había sido convocada por la vía institucional propia de la entidad gremial); y otros filmaban o fotografiaban con sus celulares el procedimiento policial en el exterior del edificio”.

“Esa masa de imputados actuó con tareas distintas pero con un fin común organizado previamente determinado (torcer la voluntad e Flores, provocar daños en las instalaciones y apoderarse de bienes ajenos).     Debe puntualizarse que en las declaraciones testimoniales de las víctimas, puntualmente se señala como integrantes del grupo atacante, a Carlos Martín Barrios;  Jorge Juan Banda. Sixto Domingo Tactagi como quienes entre los demás, mediante amenazas y violencia le exigían su renuncia para asumir TACTAGI por la fuerza”, agregó.

Gravedad institucional

“La gravedad del hecho está dada por pretender una acción destinada a afectar las decisiones democráticas adoptadas por una institución tan cara para la República como lo son los sindicatos. Organizaciones estas que velan por los derechos de los trabajadores.”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que “la vida democrática de la elección de autoridades se ha visto conmovida por el accionar de los causantes quienes han ejercido vías de hecho para imponer su voluntad, sin respetar los canales internos y democráticos de la institución. Lo que incluso repercutió en un daño económico en perjuicio de la institución a la que dicen pertenecer.”.

“De ningún modo la posible existencia de irregularidades en el manejo y funcionamiento del organismo pueden entenderse como justificativos de los actos violentos cometidos, que desnaturalizan la propia institución y el eventual reclamo.”, afirmó.

Prisión Preventiva

Por último, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de siete de los imputados, detenidos a partir de una ampliación de la imputación penal realizada por la fiscalía. Respecto a este planteo, el fiscal sostuvo la necesidad de que los acusados permanezcan privados de la libertad a fin de que no entorpezcan el proceso pena, como así también evitar que se den a la fuga y en función de la gravedad de los delitos imputados, y por los cuales deberán responder en juicio.