En una audiencia celebrada ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule, en el marco del juicio por el robo de caños del Gasoducto GNA, el titular de la Unidad Fiscal Federal Salta, Eduardo Villalba, ratificó la acusación contra el ex intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y otros nueve imputados, y solicitó que se los declarase culpable.
Tal como sostuvo en su alegato de apertura, el fiscal Villalba –quien estuvo acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual y las abogadas del Ministerio Público Fiscal Nazarena Guzmán Alsina y Barbara Chunco- afirmó que acusados “se robaron los caños”, y que ello pudo ser develado gracias a la investigación desarrollada por las Fiscalías Descentralizadas de Tartagal y de Orán, entonces a cargo del fiscal Marcos Romero y de la auxiliar fiscal María del Carmen Núñez, respectivamente.
En su exposición, Villalba pidió que se declarase responsable por los hechos a Prado y al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos, como autores de los delitos de defraudación a la Administración Pública y robo agravado, por ser cometido en despoblado y en banda, de 228 caños, que se encontraban en los parejes “Tonono” y “El Desemboque”. También pidió que al ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes se lo declare culpable, como partícipe secundario, de defraudación contra la administración pública.
Asimismo, el fiscal consideró que el encargado de la firma Vera S.A., Cristián Buczek, y el titular de la empresa PERTERSER S.R.L. eran autores del delito de robo agravado, mientras que los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Miltón Saavedra y Bruno Degoy, lo eran en calidad de partícipes necesarios.
También pidió la declaración de culpabilidad respecto de Adrián Vera, como autor de robo agravado y uso de documento falso, al tiempo que requirió que al gerente de la empresa COMARFIL S.A., Matías Rossi, se lo declare culpable de encubrimiento real agravado en calidad de autor.
Finalmente, solicitó la absolución por el beneficio de la duda para Dante Rodríguez, quien llegó a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños, hecho cometido el 14 de noviembre de 2019.
Fundamentos de la acusación
Al fundamentar las acusación, el representante del MPFN señaló que el saqueo de los caños fue pergeñado mucho antes de que el ex intendente Prado impulsara la resolución municipal N°1215, utilizada como ropaje legal para la sustracción de 67 caños de la red del Gasoducto GNEA, ubicada en el paraje Tonono, a pocos kilómetros de la localidad de Aguaray. Y es que, dicha resolución, establecía la desafectación de caños del Gasoducto GNEA en el marco de un proceso de saneamiento ambiental, otorgado por el municipio a la empresa de Alos.
Entre las pruebas y testimoniales brindadas en el juicio, el fiscal destacó la de un empleado del municipio, quien se refirió a un mensaje enviado por Prado para que trabaje en la mentada resolución, la que necesitaba para que sea llevada “en el camión”. Ello evidenció el apuro que había por parte de Prado y Alos de contar con tal instrumento, utilizado casualmente para desafectar los bienes que ni siquiera pertenecían al municipio, pues estaban fuera de su alcance, ya que eran propiedad del Estado Nacional.
El fiscal también sostuvo que la resolución -a la que calificó de “insólita”- fue firmada por Prado y Céspedes el 23 de diciembre de 2019, y estaba dirigida a desmantelar una planta ubicada en la finca Ñacatimbay, lo que se frustró debido a la resistencia del administrador de dicha propiedad. Ante ello, fue que cambiaron la resolución y dirigieron sus efectos hacia la red del Gasoducto GNEA. “De las pruebas expuestas, surge que el mismo Alos le avisó de esto a Rossi”, con lo cual está clara la participación de ambos en los hechos que despojaron a los vecinos de Aguaray de una ansiada ilusión: el servicio de gas natural, concluyó el fiscal y agregó que la cuestionada resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, como así tampoco cumplía con los pasos legales, como la presentación de un estudio de impacto ambiental y muchos menos se le dio intervención al Concejo Deliberante.
El fiscal general también recordó que la obra estaba dirigida a beneficiar a cinco provincias con gas procedente de Bolivia, siendo el tramo de Salta el único que no pudo ser cumplido en tiempo y forma, a lo cual se sumó un saqueo desmedido de los caños. Desestimó los argumentos de algunos de los acusados, como Alos, quienes sostuvieron que la obra estaba abandonada: lo cual “no fue así, púes constan numerosas denuncias por saqueos menores que realizaron empleados de la empresa encargada, quienes cuidaban la red del gasoducto”, sostuvo el fiscal.
En otro tramo de su alegato, Villalba sostuvo que Vera –a quien se imputa la extracción, corte y traslado de 161 caños robados, aunque habrían intervenido otras personas- apareció en escena cuando el robo de caños ya se hizo público. En tal sentido, señaló que “Vera era mencionado como un empresario de peso en el rubro, sin embargo, cuando fue detenido nos vimos frente a un chico. Que, si bien fue funcional para los fines ilícitos, en nada hace presumir que haya tenido la capacidad de embaucar al resto de los acusados, expertos hombres de negocios y con sobrada experiencia”.
