El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, condenó el jueves pasado a Barakat Barakat a ocho años de prisión por su participación en un hecho de transporte de estupefacientes, en carácter de “financista”. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Carlos Martín Amad. En la investigación intervinieron el fiscal Eduardo Villalba, su par Ricardo Toranzos -de la Unidad Fiscal Salta- y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La pena incluye un segundo hecho, en el que estaba imputado por la misma figura y también como “organizador” de maniobras de tráfico ilícito de materias primas para la fabricación de estupefacientes y sustancias de corte para su adulteración.

Barakat aceptó su responsabilidad en los hechos investigados el 27 de julio pasado desde el Complejo Penitenciario NOA III, donde está detenido. Cabe resaltar que el hombre había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Catamarca a 12 años de prisión en noviembre de 2018 por ser partícipe necesario del delito de fabricación de estupefacientes. Debido a esto, el TOF 1 de Salta unificó la pena en 15 años de cárcel.

Con destino a Chile

De acuerdo a la investigación penal, Barakat aportó 12 mil dólares para financiar el transporte de 152 kilos de marihuana a Chile, operación que fue frustrada el 3 de mayo de 2014, cuando se descubrió la droga oculta en las ruedas de auxilio de un camión Mercedes Benz estacionado en una estación de servicio de la rotonda de Limache, en el sur de la ciudad de Salta.

La droga estaba lista para ser trasladada a las minas ubicadas en el Salar de Río Grande, cuya explotación se encontraba a cargo de las firmas Minera Río Grande S.A. y Minera La Puna S.A., desde donde sería luego ingresada a Chile, cuya frontera se encuentra a veinte kilómetros de la base de ambas empresas.

Por este hecho, el 9 de mayo de 2017, el mismo Tribunal Oral Federal condenó a Antonio Carlos Silva a doce años de prisión por resultar autor responsable del delito de conformar una organización destinada al transporte de estupefacientes, en carácter de organizador y agravado por la intervención de tres o más personas.También fueron condenados Eduardo Cansino, Jorge Alfredo Moreno, Juan Pablo Paso, Víctor Hugo Drews, Miguel Ángel Ertivo y Néstor Eduardo Maya a ocho años de prisión como coautores del mismo delito. Barakat y otra pieza clave en la maniobra, Elías Exeni Vallejos, en tanto, quedaron en la mira como otros posibles participantes en dicha operación de tráfico.

Mientras se investigaba a ambos, el 23 de febrero de 2018, ingresó una denuncia efectuada por la Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, la que involucró a los dos sospechosos tanto en el transporte de los 152 kilos de marihuana como otras actividades ligadas al narcotráfico.

Mineras de pantalla

De las investigaciones llevadas adelante por la fiscalía, se precisó que Barakat había financiado no sólo dicha operación de tráfico sino también la compra de grandes cantidades de precursores químicos, para lo cual usó de pantalla las dos empresas mineras Río Grande y La Puna, las que no registraban actividades desde su constitución comercial.

Se estableció, tanto de las tareas de campo como de inteligencia, que ambas firmas fueron creadas por Barakat y Exeni Vallejos con el objetivo de cubrir las actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, en su modalidad de transporte y contrabando de drogas, como así también la comercialización en Bolivia de sustancias, tanto para la fabricación como la adulteración de estupefacientes.

Ello derivó en el procesamiento de ambos acusados, que fue dispuesto el 6 de agosto de 2021 por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio. Más adelante, el 14 de octubre de ese mismo año, el fiscal Amad requirió juicio oral para los dos imputados.

Posteriormente, y cuando el caso atravesaba las etapas previas al juicio, la defensa de Barakat solicitó acogerse al instituto de juicio abreviado, instancias en que se arribó al acuerdo presentado el 27 de julio pasado, con intervención de la auxiliar fiscal Natalia Gerala. En dicha audiencia, tanto la defensa como el acusado, prestaron su conformidad de manera expresa ante el tribunal. Atento a ello, y luego de ser analizadas las condiciones legales del caso, los jueces dieron por homologada la condena propuesta por la fiscalía.