Un recluso que organizaba y dirigía envíos de droga desde la celda que ocupaba en la Unidad Carcelaria N°3 Orán del Servicio Penitenciario de Salta, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta el jueves pasado, fue exactamente la solicitada por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien llevó adelante la acusación penal contra Sebastián Policarpio Flores en el juicio que se desarrolló entre mayo y junio, bajo la dirección del juez Marcelo Juárez Almaraz junto a los vocales Marta Liliana Snopek y Federico Díaz.

El caso fue llevado a juicio a partir de una investigación realizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que avanzó con tareas de campo e inteligencia supervisadas por la auxiliar Mariana Gamba Cresmaschi y el auxiliar Jorge Viltes Monier.

El caso se inició a partir de información remitida por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad de Salta (UFINAR), órgano con el cual se trabaja en el marco de cooperación promovido por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Luego de un año de investigación que permitió reunir suficientes elementos de prueba, la fiscalía avanzó el 16 de octubre de 2020 con procedimientos, tanto en Salta como en Orán, con los cuales se desbarató la organización dirigida por Flores desde la cárcel. Se logró detener a cinco personas y el secuestro de más de 7 kilos de cocaína.

En su hipótesis, la fiscalía estableció que el interno, con ayuda de su pareja Marisol Diego como “brazo ejecutor”, se valió de mujeres en extremo estado de vulnerabilidad económica y de salud para utilizarlas como “mulas”, enviándolas en remis a la capital de Salta con paquetes de cocaína adosados a su cuerpo.

De esta manera Flores ganó, en julio de 2020, por ejemplo, 3.500.000 pesos como consecuencia de 15 viajes que llevó adelante la organización. Así reformó su vivienda del barrio 9 de julio, en donde edificó dos plantas, más de ocho habitaciones con piso renovados y hasta adquirió un hidromasaje que proyectaba instalar, entre otros lujos.

El 22 de marzo pasado, Diego y otros cuatro imputados que llevaban adelante las tareas encomendadas por Flores para sus envíos recibieron penas de dos años a seis años de prisión en el marco de un acuerdo pleno homologado por la jueza de Revisión Mariana Catalano. Flores, cabe señalar, cumplía en el penal de Orán una condena de cuatro años y seis meses de prisión dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio de esa ciudad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pena que habría cumplido el 3 de setiembre de 2021.

Capacidad

Al alegar respecto a la responsabilidad penal, el fiscal Villalba explicó cómo el detenido se las ingenió para seguir con el “negocio” de las drogas. Aunque al declarar Flores se presentó como una víctima y dijo que “el Estado no me dio nada” e incluso su defensor –Martín Fleming- alegó en torno a la falta de “oportunidades de vida” de su defendido y la responsabilidad estatal al respecto, los jueces coincidieron con la fiscalía en que poseía todas las capacidades para abrirse camino. Dijeron que, de las pruebas expuestas por el fiscal a lo largo del debate, surgió claramente la “amplia capacidad organizativa” que posee.

“Además, cabe señalar que Flores tiene una educación secundaria. Y si hay algo que quedó demostrado durante el debate, es que tiene sobrada capacidad para ganarse el pan decentemente, pero no lo hizo”, indicó el juez Díaz, en sus fundamentos. Villalba, por su parte, había señalado que “apostó todo a la ilegalidad”, pues las edificaciones realizadas en su vivienda eran para abrir allí un cabaret.

La capacidad de Flores fue expuesta por el fiscal al explicar cómo planificó y dirigió el envío de droga. Una de las maniobras fue descubierta el 3 de marzo del año pasado cuando una mujer adicta, de la que se valió, fue detenida en Jujuy con una carga de 250 gramos de cocaína del acusado. Al respecto, y como fue probado en el juicio, Flores, desde su celda, llamó a la joven, quien había quedado con prisión domiciliaria y le explicó que debía ir a verlo en la cárcel, pues tenía que enseñarle lo que tenía que declarar en lo sucesivo.

Lo mismo sucedió el 16 de octubre pasado, cuando otras dos mujeres que envió con 1,2 kilogramos de droga fueron detenidas en el acceso a la ciudad. Nuevamente Diego, que quedó con prisión domiciliaria por tener hijos menores de edad, recibió un llamado de Flores pidiéndole que se haga cargo de la cocaína, o bien, un hermano de ella.

Pese a la inspección realizada en su celda, el ahora condenado no demoró en hacerse de otro teléfono y así llamar a Diego para “tratar de revertir el golpe recibido”. A la par, sin embargo, le ofreció una sociedad a otra mujer, con quien ya había realizado varios negocios vinculados a la droga, hoy condenada.

Control

Otro de los aspectos resaltados por la fiscalía en su alegato fue el exceso de control del acusado sobre sus dirigidos. “Flores, como lo dijeron varios testigos, no paraba de hablar por teléfono; lo hacía con su pareja, con su hijo menor y siempre para verificar si sus órdenes se cumplían como él mandaba”, sostuvo el fiscal.

Previo a la última operación de tráfico, su pareja debió acudir a una “curandera”, algo que Flores siempre hacía antes de cada operación. “En esta ocasión, y luego de que Diego la pusiera en contacto telefónico, la consultó para saber si la compradora de la droga iba a cumplir con un dinero que debía”.

En esa charla, se excedió y le aseguró a la curandera que “manejaba todo desde la cárcel” sin problemas. Y ello se debió a la funcionalidad de los guardias, que a cambio tenían “piedra libre” en un comercio ubicado frente al penal, de donde sacaban todo tipo de mercadería, incluso carne para el asado. “Todo lo pagaba Flores, quien enviaba semanalmente a Diego a cancelar la cuenta con el comerciante”, indicó el representante del MPF.

También se comprobó que Flores cambió de teléfono a través de un guardia que fue a buscar el aparato a la casa de Diego, para luego pasarlo oculto en un paquete de galletas. A cambio, recibió un pago de mil pesos. Por esta situación, el fiscal inició actuaciones para determinar posibles responsabilidades del personal penitenciario.

Delito y pena

En función de los hechos presentados y probados en el debate, el fiscal solicitó al tribunal la declaración de culpabilidad para Flores por el delito de transporte de estupefacientes agravado, petición que fue compartida y concedida por los jueces.

Al fundamentar su decisión, el tribunal se valió de los argumentos expuestos por la fiscalía, pues afirmó que las pruebas y las declaraciones testimoniales demostraron con claridad la responsabilidad de Flores.

Al referirse a la pena, Villalba aseguró que la conducta desplegada por Flores representó un grave daño a la salud pública, aunque también resaltó la propensión del recluso de valerse de mujeres en extremo grado de vulnerabilidad; analizó los esfuerzos que realiza el Estado en materia de readaptación, lo cual, en el caso de Flores “no funcionó en lo más mínimo, pues en ningún momento entendió que su privación de la libertad se debía al cumplimiento de una pena”. Por el contrario, “siguió con su actividad delictiva, se dio maña para hacer llegar la droga a las bocas de expendio de venta al menudeo. En ese emprendimiento, no le importó corromper al personal penitenciario ni manipular a sus familiares, sino solo aumentar su patrimonio”.

En vista de ello, solicitó ocho años de prisión, monto que fue compartido por los jueces, quienes dejaron de lado el pedido de la defensa de imponerle al acusado una condena de seis años, o sea, el mínimo de la escala penal.

Asimismo, el fiscal Villalba resaltó, durante su exposición, la tarea de todo el tribunal en la preparación y coordinación del debate -que se llevó adelante en gran parte de manera virtual-, en tanto “no es una tarea sencilla y exige gran profesionalidad”.