l juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación requerida contra de Santos Yufra; su pareja, Matilde Ayala; y un hijo de ésta, Fernando Ramírez Ayala, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores, en base a una investigación dirigida por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta.

En la audiencia celebrada ayer a la tarde, el fiscal expuso en detalle cómo se logró desarticular la organización narcocriminal que integraban las personas imputadas. Indicó al respecto que la investigación se inició hace dos meses a partir de una denuncia anónima que aportó datos sobre la ruta de tráfico que utilizaban: adquirían la droga procedente de Bolivia y realizaban su posterior traslado a Córdoba y Buenos Aires.

Precisó que, en función de esta denuncia, la fiscalía, con la colaboración del Grupo Operativo Conjunto de la Gendarmería Nacional del NOA, llevó adelante diversas tareas de campo e inteligencia que permitieron identificar y detener a los imputados y la imputada.

El fiscal explicó que así se pudo establecer que Yufra, quien residía con su pareja y Ramírez Ayala en el barrio San Pedrito de la localidad jujeña de Palpalá, hacía de transportista de la organización, rol que le cabía -entre otras evidencias- debido a que poseía licencia especial para el transporte internacional de cargas.

Toranzos indicó que, a partir de pesquisas supervisadas por el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el Investigador Pablo Carraro, se estableció que Yufra hacía constantes viajes desde Jujuy, tanto al norte de la provincia como al sur del país, siempre con ayuda de un cuarto implicado que cumplía el rol de “coche puntero”.

En las últimas dos semanas, según explicó el fiscal, se pudo conocer que Yufra había viajado a la localidad jujeña de La Quiaca al volante de un camión Volvo, con semirremolque tipo tolva, con una capacidad aproximada de 30 toneladas.

El representante del MPF sostuvo que, de las intervenciones telefónicas, en esas instancias bajo la modalidad diferida, surgieron evidencias de que el viaje a esa localidad fronteriza era parte de una operación de tráfico y con una carga de gran porte, por lo que se activó un gran operativo que posteriormente se conoció con el nombre de “Cemento Blanco”.

Explicó al respecto que, entre el 8 y el 12 de noviembre, la fiscalía monitoreó los movimientos del camión. El vehículo quedó varado por un desperfecto mecánico en la localidad de Antillas, en el sur de la provincia, y, en vista de ello, se solicitó la colaboración del escuadrón que Gendarmería Nacional posee en Tucumán para que lo ubicara.

Primera requisa

La participación de la fuerza en aquél contexto coincidió con un dato aportado por la fiscalía en la audiencia: el fiscal contó que Yufra debió interrumpir un diálogo telefónico que mantenía con su pareja cuando advirtió la llegada de una patrulla de gendarmes. “Prendé vela porque llegaron las aceitunas”, se despidió el transportista.

Añadió que, ante la sospecha de que la droga iba oculta en el camión, los gendarmes realizaron una inspección, que no tuvo éxito, pues se realizó en horas de la noche, a la vera de la ruta y sin el equipo suficiente. La situación favoreció al conductor y a Ramírez Ayala, quien iba de acompañante.

Precisó que el domingo 12 el conductor, que reportaba de manera constante todos los sucesos del viaje a su pareja, reveló que ya habían superado el control y que habían logrado llegar hasta la localidad de Rapelli, en Santiago del Estero, donde esperaba desligarse de la carga, pues ya estaba bajo mucho estrés.

El fiscal explicó que, dado que los diálogos daban cuenta de que aún tenía la carga de droga en el camión, solicitó nuevamente a la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, autorización para otra requisa, en la cual los gendarmes fueron más allá e ingresaron al fondo del semirremolque y así descubrieron algunos paquetes en el fondo de la carga de cemento.

Agregó que, con los recaudos de bioseguridad necesarios para extraer la droga, se procedió a retirar 396 paquetes, con un peso total de 418 kilos y 296 gramos de cocaína, lo que derivó en la detención inmediata de Yufra y de Ramírez Ayala.

Puntualizó que, en allanamientos complementarios, se logró el secuestro de una flota de 12 vehículos, entre ellos seis automóviles de alta gama, tres camiones y tres camionetas, y que en uno de los rodados de mayor porte se incautaron dos armas de fuego calibre 38 y 9 milímetros, varios cartuchos y dos chalecos antibalas con el logo de la Policía de Córdoba.

Tras describir el hecho y las pruebas reunidas, el fiscal fundó la imputación: estableció el rol que tuvieron los acusados y resaltó el nivel trasnacional con el que operaba la organización, de la cual participaban otros integrantes de mayor jerarquía.

Inversión económica

La fiscalía destacó la importante inversión económica dispuesta para ejecutar el transporte, que consideró demostrada por la utilización del camión con semirremolque y por la cantidad de bolsas de cemento adquiridas. Sostuvo que esta característica también se vio reflejada en la flota de vehículos que la organización tenía en un galpón en la localidad jujeña de Palpalá, pues cada uno de los rodados estaba dispuesto para el transporte de la droga o bien alguna otra necesidad de la organización.

Dada la capacidad operativa de la organización, el fiscal adelantó la colaboración en el proceso en lo sucesivo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias; de la PROCUNAR NOA, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba; y del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, bajo la responsabilidad del fiscal federal Federico Zurueta.

En la etapa final de la audiencia, el debate se centró en el pedido de prisión preventiva requerido por la fiscalía para los tres acusados. La defensa rechazó el planteo respecto a Matilde Ayala y su hijo, por considerar que su rol no estaba claro ni era de gran incidencia en la comisión del hecho.

Este argumento fue duramente rebatido por la fiscalía, al recordar que la mujer no sólo prestó el oído a los llamados de Yufra, sino también tuvo una participación activa, ya que, en uno de los diálogos, el conductor le pidió que no se olvidara de quemar las bolsas de cemento utilizadas para ocultar la droga.

El fiscal explicó que durante las comunicaciones telefónicas interceptadas la mujer evidenció que tenía facultad de intervenir y de convocar a otro integrante de la organización cuando el transportista fue sometido a la primera requisa. Respecto a Ramírez Ayala, el fiscal insistió en que tampoco fue un espectador, sino que tuvo un rol clave como asistente del conductor.

Al momento de decidir, el juez Bavio coincidió con la fiscalía y descartó de plano el pedido de la defensa de beneficiar a la mujer con el arresto domiciliario. Destacó la magnitud del procedimiento, no sólo por la cantidad de drogas, sino por todo el despliegue y la logística ejecutada por la organización.

Respecto al rol de la acusada, el juez señaló que “no puede la defensa considerar que Matilde Ayala tuvo un rol secundario, lo que en principio no se advierte; sino por el contrario, dada la contundencia de las pruebas reunidas”.

Reiteró los indicadores de riesgo de fuga aludidos por la fiscalía, como el entorpecimiento procesal, la gravedad del hecho, el grave daño a la salud pública que representó semejante carga de droga y la imposibilidad de aplicar una pena condicional, dada la elevada escala penal del delito.

“Nadie se mete en el fondo de un semirremolque repleto de cemento para ocultar droga, lo que evidencia que estamos ante una organización que actuó de una manera trasnacional”, concluyó el juez, para finalmente ordenar la prisión preventiva de las tres personas acusadas y autorizar otras medidas de pruebas pendientes.