Siete personas, presuntas integrantes de una organización que se dedicaba al tráfico de droga desde Orán a la ciudad de Salta, fueron imputadas por los delitos de transporte de estupefaciente agravado por el número de intervinientes. En tanto, a otra persona se le imputó la tenencia simple de drogas.

La imputación, instada por el fiscal general Francisco Snopek de la Unidad Fiscal Salta, se concretó el sábado 21 de mayo en una audiencia de formalización de la investigación penal.

Al momento de presentar el caso, el fiscal general informó que los ocho acusados, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron detenidas el viernes 20 de mayo en diversos procedimientos solicitados por la fiscalía y autorizados por la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez.

El fiscal explicó que las detenciones y allanamientos surgieron de una minuciosa investigación iniciada en abril pasado. “Esta organización fue desbaratada durante un operativo que contó con escuchas telefónicas en tiempo real, las que permitieron atrapar a siete de los implicados en el cruce de las calles Delgadillo y Ecuador, en villa Mitre, cuando se movilizaban en tres vehículos” señaló el representante del MPF.

Agregó que el restante implicado fue detenido en un kiosco en villa 20 de Junio, donde se secuestraron 445 gramos de marihuana compacta. En otro domicilio, ubicado en villa Soledad, donde residía una de las acusadas (quien tiene un hijo en común con quien atendía el negocio), se encontraron otros 5 kilos de la misma droga.

En el convoy interceptado, por su parte, se hallaron 11 kilos más de marihuana, la cual había salido de Orán y, por lo investigado hasta ahora, los implicados habrían cambiado la carga de un rodado a otro para evitar que los descubrieran en los distintos controles.

El fiscal indicó que esta mecánica de traslado, con los tres rodados en movimiento, les permitía hacer un barrido de la ruta para instrumentar el cambio de la droga de un vehículo a otro, o bien, el traslado a pie y mediante mochilas por alguno de los acusados, lo que explicaría que en cada rodado viajaba un mínimo de dos personas.

Añadió que la maniobra, al margen del ingenio desplegado por los imputados por evadir los controles, fue desarticulada a raíz de la investigación que la fiscalía llevó adelante. Distintos reportes de inteligencia criminal dieron cuenta del accionar de una organización que realizaba el tráfico de diferentes drogas mediante uso de choferes.

A partir de ello, y bajo la coordinación de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, la Unidad de Procedimientos Judiciales Salta de la Gendarmería Nacional logró reunir evidencias que condujeron a la identificación de los principales autores de esta maniobra.

Modalidad delictiva

De acuerdo a lo explicado por el fiscal en la audiencia, de esta manera se pudieron conocer los roles de los distintos acusados y la mecánica de tráfico, en la cual se distinguía la participación de remiseros procedentes de la localidad jujeña de Yuto, quienes eran contratados por una de las imputadas en la ocasión y por otras personas de modo conjunto.

La semana pasada se pudo conocer que la organización estaba en los preparativos de un importante ilícito, ya que había contratado tres rodados: uno marca Chevrolet Prisma y dos Fiat Siena, que salieron de Orán con la droga y siete de los ahora acusados.

Los automóviles fueron detenidos una vez que se agruparon en una rotonda de la autopista próxima a la circunvalación de la capital provincial. Hasta allí llegaron luego de atravesar el ex peaje Aunor y previo intento de ingresar a la ciudad por un paso poco frecuente situado al norte, según pudo saberse por intervenciones telefónicas con escucha directa.

Los 11 kilos de marihuana secuestrados inicialmente fueron hallados dentro del Chevrolet Prisma, en el cual iba una pareja, cuyos integrantes fueron sindicados como los presuntos líderes de la organización, aunque no se descarta que haya otras personas, pues la investigación se encuentra en una etapa incipiente.

Tras enumerar varias evidencias, entre ellas audios de conversaciones mantenidas por algunos de los acusados, el fiscal formalizó las acusaciones penales y solicitó la prisión preventiva de todos los acusados, aunque en el caso de una de las dos mujeres detenidas solicitó que lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario, dado que se encuentra embarazada.

Para sustentar su planteo, el fiscal se refirió a la gravedad del hecho, el daño a la salud pública representado por la cantidad de droga incautada y la imposibilidad de que los acusados -en caso de recaer condena- reciban una pena de prisión condicional, como a la existencia de nexos criminales cerca de la frontera con Bolivia.

En función de ello, resaltó el peligro de fuga y de entorpecimiento por parte de los acusados, ya que aún hay medidas investigativas pendientes. “Queremos ir hacia arriba en la cadena de narcotráfico”, afirmó el fiscal general.

Esta postura fue avalada por el juez, quien dispuso la prisión preventiva en los términos requeridos por la fiscalía, con la excepción de uno de los detenidos, para quien dispuso la libertad por considerar que la calificación legal adecuada era la de tenencia simple de estupefacientes.