La detención de la sargento, Lucía Irene Burgos, quien cumplía servicios en la Comisaría Octava, se produjo el viernes pasado tras un pedido solicitado por la fiscal al Juzgado de Garantías 7, solicitud que también incluyó la realización de otras diligencias, entre ellas allanamientos.

Tras advertir una conducta irregular de parte de Burgos en el marco de determinados sumarios contravencionales, sus superiores, pertenecientes a la comisaría Octava, dieron aviso de las sospechas en torno a la sargento a la fiscalía penal 5, la cual, por la característica de los hechos denunciados, derivó el caso a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Burgos, según el decreto de imputación, era la encargada de los sumarios contravencionales. Contra la sargento, según las actuaciones internas de la policía, se recibieron varias denuncias de comerciantes, quienes pusieron en dudas el accionar de la suboficial luego de levantar actas de infracción por venta de bebidas alcohólicas sin autorización.

Los denunciantes indicaron que una vez concretada la infracción, la sargento exigía el pago de determinadas sumas de dinero en concepto de multas o para evitar la clausura de los locales comerciales, lo que se hacía de manera “informal”, sin entregar recibos.

Dicho accionar, según indicó la fiscalía, es indebido, ya que ese tipo de sanciones “únicamente” se abonan mediante depósito en el Banco. Así las cosas, agregó la fiscal Poma, se llegó a la hipótesis de que Burgos “cobraba indebidamente ese dinero, mediante exigencias y amenazas de sanciones mayores, aparentando un trámite regular, pero por ello no dejaba constancias ni formar las actuaciones contravencionales correspondientes”.

En vista de ello, la fiscalía llevó adelante una investigación penal que permitió en los últimos días detener e imputar a Burgos los delitos de “exacciones ilegales agravadas” y “privación ilegítima de la libertad agravada”.

Poma sostuvo que la sargento, “aprovechando su función como personal policial encargada del área de sumarios contravencionales de la Cria. 8va., habría exigido de estos, mediante intimidación e invocando orden superior, sumas de dinero en el marco de infracciones contravencionales que decía formalizar, aduciendo que se trataban de multas para evitar o levantar las clausuras de locales comerciales por la venta indebida de bebidas alcohólicas”.

Sumas de 1.500 pesos

El dinero exigido por la suboficial, según se informó, promediaba los 1.500 pesos en cada caso. Por otra parte, y según lo denunciado por una comerciante de la zona, Burgos la privó de su libertad de manera ilegítima como represalia por no abonar la suma de dinero que exigía en concepto de “multa”, disponiendo su demora y traslado a la dependencia policial, sin que ello fuera debidamente formalizado con la intervención de las autoridades correspondientes.

En base a estas pruebas, y otras que fueron obtenidas durante la investigación, la fiscalía solicitó la detención de Burgos, la que se concretó el viernes pasado. A tal efecto, personal de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, que desde principio de año trabaja exclusivamente con la Unidad Fiscal en las mismas instalaciones, llevó adelante los procedimientos del caso.

Burgos, en la audiencia de imputación, se negó a prestar declaración indagatoria, tras lo cual la fiscalía solicitó que se mantenga la detención de la misma a fin de que su accionar, en libertad, no entorpezca el proceso de la causa penal en su contra.