A partir de una presentación del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó el martes pasado la inmediata detención del ex comisario José Manuel Reinoso, quien ocupó cargos de jerarquía en la Policía de Salta durante la época del terrorismo de Estado. La medida fue concretada ayer y el imputado se encuentra detenido en la Delegación de la Policía Federal de la capital provincial.

La medida se dispuso en el marco de la causa penal por el delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un trabajador del Matadero Municipal de Salta.

Reinoso fue procesado y debe ir a juicio oral y público junto a otros tres ex jefes policiales: Joaquín Guil, Roberto Arredes y Antonio Saravia, con quienes integraba la cúpula policial al momento del homicidio imputado.

En agosto de 2018, en una disputa respecto a la competencia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -con los votos de Carlos Mahiques y Liliana Cattuci- coincidió con la postura del fiscal general Eduardo José Villalba, quien había apelado un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El tribunal salteño había dispuesto que el caso debía pasar a la justicia provincial por no tratarse de un hecho de lesa humanidad.

En su apelación, Villalba había sostenido que el caso “debe ser incluido como parte del ataque generalizado o sistemático sufrido por la sociedad civil durante el período del último gobierno de facto militar”. Frente a estos argumentos, la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón al fiscal y sostuvo que el crimen habría sido cometido en el marco del terrorismo de Estado.

Posteriormente, la defensa de Guil planteó un recurso de queja, lo cual provocó que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal decidió el 18 de marzo pasado desestimar tal presentación, tras lo cual el procesamiento de los cuatro ex jefes policiales quedó firme y a las puertas del juicio oral y público.

En ese contexto, el fiscal Amad solicitó al TOF 1 que, dado el hecho de que el procesamiento quedó firme tras el fallo de la Corte, se debía proceder a imponer la prisión preventiva para los cuatro acusados, tres de los cuales, Guil, Arredes y Saravia ya cumplían tal medida en otra causa por delitos de lesa humanidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La situación de Reinoso, sin embargo, no era la misma, pues se encontraba en libertad provisoria. Ante la presentación de la fiscalía, el TOF 1 salteño, con las firmas de Marta Liliana Snopek, Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaraz, ordenó la inmediata detención de Reinoso y su alojamiento en una dependencia de la Delegación local de la Policía Federal.

El caso

El caso comenzó a ser investigado el 27 de agosto de 2009 a partir de la denuncia de un hijo del trabajador, quien fue privado de su libertad y asesinado entre el 4 y el 6 de septiembre de 1976.

De acuerdo a la investigación, se pudo establecer que la víctima fue alojada en la Comisaría Cuarta, donde fue ultimado. Luego su cadáver fue arrojado en un terraplén, en la zona de Villa Primavera. El cuerpo estaba envuelto en una bandera argentina y tenía una ametralladora en una de sus manos.

Según pudo acreditarse, el trabajador había sido detenido por miembros de la Policía provincial en inmediaciones del Matadero Municipal y trasladado a la comisaría, situada en la calle Lerma, entre San Luis y La Rioja, frente a la cancha del Club Juventud Antoniana.

Esa dependencia, según el expediente, funcionaba por entonces como un centro clandestino de detención y torturas.

En cuanto a las causas del deceso, se pudo determinar que la víctima sufrió un fuerte golpe en la nuca, entre otras lesiones.