En el marco de la investigación de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal requerida por ese delito en contra de Braulio Armella Mamani, que tenía pedido de captura y fue detenido el 22 de septiembre pasado, en Buenos Aires. En la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada la semana pasada, la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó también la prisión preventiva del acusado, que fue concedida por el magistrado.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la detención del hombre se logró como resultado de tareas que llevaron adelante personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de la investigación penal que comenzó el 27 de febrero pasado. El acusado fue detenido en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati. Los policías lo habían seguido desde que salió de su casa, en Villa Celina -partido de La Matanza-, lugar que luego fue allanado.

En la audiencia, la fiscal explicó que Armella Mamani era buscado desde abril pasado, cuando se dictó la orden de captura nacional e internacional en el marco de la causa abierta en febrero cuando personal de Gendarmería Nacional que se encontraba en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera, detuvo a Karla Yoselín Mamani Aguilar, su hijastra.

La detención se debió a que la mujer -que viajaba en un micro que había salido de la localidad de Aguas Blanca, no tenía DNI, aunque aseguró que era oriunda de Bolivia y que se dirigía a Buenos Aires. A ello le sumó que una joven de 17 años, que también viajaba en el mismo colectivo, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas. Por otra parte, otras dos adolescentes, de 16 años, manifestaron lo mismo y explicaron que iban a Buenos Aires a visitar a sus familiares, aunque ninguna de ellas poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.

Posteriormente, y a raíz de la investigación dirigida por el área de Atención Inicial, en la que intervino la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se estableció que las tres adolescentes no eran familiares, sino que habían sido captadas en la ciudad boliviana de Potosí, donde trabajaban en la extracción de minerales. Las jóvenes se encontraban en un extremo estado de vulnerabilidad, pues vivían en condiciones precarias y alejadas de sus respectivas familias. Ese contexto fue aprovechado para captar a las víctimas, a quienes le ofrecieron trabajo en un taller textil ubicado en Villa Celina, donde debían cumplir más de 15 horas de trabajo por un sueldo semanal de 75 mil pesos.

Tareas distribuidas

En materia de roles de la organización delictiva, la fiscalía sostuvo que Mamani Aguilar, condenada en agosto de este año, era la encargada del traslado de las menores, en tanto que Armella Mamani era quien captaba -junto a la madre de la acusada- a las víctimas y se encargaba de llevarlas hasta la localidad de Tarija, desde donde se encargaba de hacerlas cruzar la frontera por pasos ilegales, ya que no contaban ni con tarjeta migratoria ni con la autorización de los padres de las adolescentes.

Una vez en Aguas Blancas, las tres adolescentes fueron entregadas a Mamani Aguilar. En el juicio de determinación de pena, a cargo del Tribunal Oral N°2, integrado de manera unipersonal por la jueza Gabriela Catalano, la mujer fue condenada a 10 años de prisión por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de traslado y agravado por el número de intervinientes, la cantidad de víctimas, su condición de minoridad y el estado de vulnerabilidad".

De acuerdo a lo manifestado por las víctimas -que ya fueron reintegradas a sus familia-, la fiscalía pudo determinar que Armella Mamani se encargó de trasladar a las jóvenes en un vehículo hasta la localidad de Tarija, en Bolivia. Allí Mamani Aguilar se reunió con su madre, recibió a las tres adolescentes y procedieron a traspasar la frontera hacia Argentina, cruzando el río Bermejo en chalanas.

Como consecuencia de la detención de Armella Mamani, la fiscalía pudo reunir pruebas respecto a otro extremo del caso, pues al allanar la vivienda del hombre en Villa Celina, se pudo establecer que en dicha propiedad funcionaba el taller textil. El inmueble contaba con un amplio salón, de cuyo techo aún colgaban las conexiones eléctricas de las máquinas de coser. Si bien el lugar ya había sido desmantelado, personal de la PSA que trabajó en el caso pudo secuestrar numerosos bultos con hilos, elásticos, retazos, ropa deportiva, cierres, una máquina de coser, otras tres de corte y varios rollos de tela.

En función de ello, la fiscal fundó la imputación penal contra Armella Mamani, como así también aportó argumentos para respaldar la prisión preventiva del mismo, entre los que resaltó el riesgo de fuga por su facilidad para salir del país y el entorpecimiento procesal, lo que quedó demostrado, puesto que, a días de su detención, logró el desmantelamiento del taller en su casa.

La posición de la fiscalía fue compartida por el juez, quien dispuso la formalización de la investigación, la prisión preventiva y autorizó una serie de pericias requeridas por la fiscalía a fin de avanzar con el resto de los implicados en este accionar, como así también dar con la pareja del acusado, aún prófuga.