Cabe destacar que se entiende por protesta o manifestación pública a toda reunión de personas que, con un objetivo común, con o sin desplazamiento en el espacio de uso público, por un tiempo determinado y sin violencia, reclama o reivindica derechos ante las autoridades públicas o entes privados.

En este sentido, se deberá resguardar el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos; habilite, aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; evite la comisión de delitos tipificados en el código penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración de las mismas, incluidos los daños a la propiedad pública o privada.

Por otro lado, toda protesta o manifestación pública debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la Comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo o ante la Autoridad de Aplicación, dando cuenta del lugar de concentración, señalando en el caso de que se trate de una marcha, las arterias por donde se realizará el desplazamiento, y la desconcentración; horario de inicio y tiempo estimado de desarrollo; objetivo de la protesta o manifestación, responsables u organizadores de la protesta o manifestación, sean entidades o personas humanas.

En este marco, cabe resaltar que las protestas o manifestaciones que no cumplan con las condiciones establecidas, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada la misma.

Dicha mediación, a la que podrá ser convocada autoridades que inherentes a la materia objeto de la protesta, tendrá por objeto establecer las condiciones del cese de la perturbación, e identificar claramente las demandas de los manifestantes.

A partir del inicio de la mediación sin haber arribado a ningún acuerdo, o ante la negativa de los manifestantes a participar de la misma, la Autoridad de Aplicación dará parte al Ministerio Público, a fin de restablecer el orden lo más pronto posible, previa intervención del Juzgado de Garantías competente pudiendo advertir a los representantes de la protesta o manifestación sobre las posibles responsabilidades respecto los daños que en su consecuencia pudieren provocarse.

El personal de seguridad interviniente, teniendo en cuenta que su actuación debe ser el último recurso, deberá actuar con estricto apego a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por las autoridades competentes, encontrándose debidamente identificado, al igual que los vehículos oficiales, particularmente los utilizados para el traslado de detenidos.

Por otro lado, se modifica el inciso c) del artículo 77 de la Ley N° 7.135 – Código Contravencional de la Provincia, estableciendo que “el que impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos; o facilite o proporcione, de manera onerosa o gratuita, los medios necesarios para la comisión de dichas conductas. Así también, la sanción se elevará al doble cuando las conductas precedentes afectaren el tránsito por puentes, vías de acceso y vías selectivas del transporte público o sean cometidas por funcionarios públicos”.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, la diputada Socorro Villamayor, explicó el articulado de la norma y sostuvo que "Salta es el escenario de innumerables situaciones que ponen en evidencia multiplicidad de derechos”.

“Tomamos la determinación de tratar esta norma que no hace más que reglamentar las manifestaciones", manifestó la diputada y puntualizó que la iniciativa “busca conciliar el ejercicio de derechos a la libertad de expresión con los derechos de libre circulación, la preservación de la integridad física y la paz social”.

En tanto, el diputado Adrián Valenzuela, adelantó su abstención a la iniciativa, explicando que es una situación difícil para este momento de la sociedad, y como legisladores tienen un fuerte compromiso para la resolución de ese tipo de problemáticas, es por ello que debemos trabajar en buscar la paz social.

“Todos los salteños queremos una provincia ordenada para marcar la Salta que queremos, circular libremente pero que también podamos mantener el derecho a la protesta”, dijo el legislador.

A su turno, el presidente de la comisión de Educación, el diputado Germán Rallé, detalló que “en ningún lado este proyecto niega el derecho de manifestarse, de movilizarse, de hacer sentir una demanda social; sino que busca garantizar que haya un equilibrio, porque hay gente que también debe llegar a su hogar, a su lugar de trabajo”.

"El espíritu de este proyecto es ese, acampemos, hagamos ruido, nos hagamos sentir, pero no cercenemos el derecho del libre tránsito”, aseguró el legislador.

En tanto, la diputada Ana Laura Córdoba manifestó que no está de acuerdo con los cortes de ruta, pero si a favor de las manifestaciones que buscar la obtención de beneficios para los trabajadores de la educación en todo el territorio provincial.

Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, destacó el objetivo de la normativa para el ordenamiento y la paz social en la provincia.

“Hay algunos que están queriendo tergiversar esta excelente ley para hacer política. No hay que identificar esta ley con los docentes. Los maestros salen a movilizarse, a plantear su reclamo, que es justo por lo que necesitan. Son nuestros educadores y salen a hacer un reclamo legítimo, no a generar violencia”, destacó el titular del Cuerpo.

“Esta iniciativa ordena las protestas y movilizaciones, no las prohíbe, para que de esta manera un sector no perjudique a otros en el normal desarrollo de sus tareas”, indicó el legislador.

A su turno, el diputado Roque Cornejo expuso distintos aspectos de la jurisprudencia internacional vinculadas a la temática, y si bien destacó algunos objetivos de la norma, consideró necesario profundizar la discusión, por lo planteó la abstención de su bancada. En esa última línea se manifestaron los diputados Sofía Sierra, del bloque PRO, los diputados Matías Monteagudo y Santiago Vargas, del bloque Unión Salteña.

El diputado Franco Hernández Berni, destacó la legitimidad de las protestas de muchos sectores sociales, y consideró que "la vida es el bien jurídico más importante que tiene la Constitución, más allá de cualquier posición política". No obstante, expuso la situación del norte provincial en relación a los cortes que se registran y si bien consideró se debe ahondar en la búsqueda de soluciones a esta problemática, pidió la abstención al momento de la votación al igual que los diputados de la misma bancada FdT, Jorgelina Juárez, Jorge Restom y Pablo Gómez.

Por su parte, la diputada Cristina Fiore, una de las autoras de la iniciativa, resaltó que "este proyecto busca evitar el caos, y hay que tener en cuenta que no hay derechos absolutos". Al tiempo que remarcó que el primer elemento que se establece es una mediación: “la primera herramienta que debe tener el Estado debe ser la mediación".

Además, la diputada señaló que esta Ley también exige la identificación del personal policial y de vehículos oficiales utilizados para el traslado de personas.

“Tratar estos temas siempre resulta muy complicado porque hay que ponderar derechos, todos valiosos, por un lado la libertad de expresión y de reunión, y por otro lado el derecho a transitar libremente”, manifestó la diputada.

El proyecto fue aprobado, con la abstención de los diputados Roque Cornejo, Jorgelina Juárez, Santiago Vargas, Matías Monteagudo, Bernardo Biella, Jorge Restom, David Leiva, Pablo Gómez, Julieta Perdigón, Azucena Salva, Franco Hernández, Sofia Sierra, Gustavo Orozco, Daniel Sansone, Marcela Leguina, Fabio López, Alejandra Navarro, Marcelo Paz, Adrián Valenzuela, Nancy Jaime y Ana Córdoba; y pasó al Senado en revisión.