El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta avanzó con el juicio seguido contra el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez; y el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón; y Alberto Martín Crossa, propietario de una finca en Campo Durán, en el Departamento General San Martín.

El juicio, iniciado el jueves 19 de mayo, se lleva adelante por el delito de contrabando de granos, agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, todo ello en concurso real con cohecho, tanto activo como pasivo.

El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, dirige la acusación contra los gendarmes y el finquero. El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano.

El jueves pasado, la audiencia se reanudó con la declaración del sargento primero Marcos Coronel, jefe del Equipo de Análisis de la División Antidrogas de la Sección Aguaray, quien llevó adelante un estudio en función de los mensajes y audios que fueron extraídos de los teléfonos secuestrados, tanto a los acusados en el debate como a otros dos imputados que se encuentran prófugos.

En una declaración que se extendió hasta el viernes, brindó un acabado detalle de los movimientos y acuerdos arribados por los acusados dentro de la empresa delictiva desarticulada por la fiscalía a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras actuaciones vinculadas al contrabando de granos.

Bajo el interrogatorio de la fiscalía, el testigo describió el rol de cada uno de los acusados, la gestación de la maniobra, la modalidad implementada para el paso ilegal de los camiones con granos, las disputas internas e incluso se refirió a los montos y forma de pago de los sobornos.

Para mayor claridad, el equipo de la Unidad Fiscal –a través de herramientas digitales- presentó a los jueces los audios, chats de conversaciones vía WhatsApp, videos e imágenes extraídas de los distintos teléfonos, con lo cual la hipótesis delictiva quedó fortalecida.

Además de ser el primer caso sobre este delito en llegar a juicio bajo el sistema acusatorio, la causa refleja aspectos que se daban por sabidos en la materia, pero que no habían podido llegar a debate debido a la ausencia de los responsables ubicados en los eslabones superiores de la cadena de contrabando, situación que, en este caso, se da prácticamente a la inversa.

Primera fase

Coronel explicó que la maniobra consistía en liberar la ruta para el paso de los camiones con granos hacia Bolivia. Sostuvo que esta función estaba a cargo de los gendarmes acusados y que Crossa era una pieza clave en todo el andamiaje delictivo, pues su finca, colindante con el vecino país, era la puerta que coronaba el contrabando.

A cambio, los acusados recibían pagos de coimas que, en un principio, eran de 150 mil pesos, pero que luego llegaron hasta los 250 mil por semana. Sostuvo que, de los peritajes a los teléfonos, surgía que esta modalidad se implementó en noviembre del 2020, pero que tuvo su mayor apogeo desde diciembre de ese año hasta marzo del 2021, cuando el comandante Páez asumió la dirección de la organización.

El testigo sostuvo que la investigación del caso se vio robustecida con el secuestro del teléfono celular de uno de los prófugos. Se trata de Rodrigo Torrico, quien el 12 de marzo del 2021 intervino en un procedimiento para liberar el secuestro de dos camiones que fueron detenidos cuando llevaban aceite de soja.

A partir del peritaje de ese aparato, el testigo pudo establecer que el contrabando de granos estaba dirigido inicialmente por el sargento Ayala, quien operaba junto a Crossa para el paso de los camiones hacia Bolivia.

Con Ayala como referente, el flujo de camiones oscilaba entre los 5 y 6 camiones por semana. La ruta utilizada era la 34 hasta el cruce con la 54, que conduce a la localidad de Campo Durán, donde los transportistas llegaban hasta la finca de Crossa, en el kilómetro 79, por donde accedían al vecino país.

Según el testigo, el 21 de noviembre del 2020 Crossa recibió una notificación desde la jefatura del Escuadrón de Aguaray, al mando de Páez. El oficio fue diligenciado por el alférez Radaelli, quien era mano derecha del comandante, lo cual quedó probado en base a numerosos mensajes que ambos intercambiaban.

Para la fiscalía, la notificación, que solo hacía alusión a las obligaciones de los propietarios de terrenos colindantes con la frontera de otro país, preocupó tanto a Torrico como a Crossa. Este último asumió entonces un rol más protagónico en la maniobra, al romper relaciones con Ayala y dirigir la negociación hacia Páez.

“Si tengo buen tino, podríamos estar trabajando todo el año”, sostuvo Crossa, en uno de los audios a Torrico. Para ello, invitó al comandante a un asado en su finca, lo cual también fue probado con audios del finquero. Asimismo, el testigo refirió que –en el teléfono de Páez- había mensajes con un subalterno, a quien le pidió indicaciones de cómo llegar a la finca del kilómetro 79.

Nuevo arreglo

En otros audios difundidos en la sala, se advirtió como Crossa renegaba con Torrico respecto al arreglo para el paso de camiones. “Hay que agarrar la cabeza” y no pagarle a un “pinche o a un cabo”. En los audios expuestos, el finquero y el transportista debaten respecto a cómo debían insinuarle a Páez el soborno y los montos.

Sobre ese aspecto, Torrico le sugirió que ofrezca “150”, a lo que Crossa replicó: “qué es 150”. La respuesta fue: “150 mil pesos por semana”. Incluso lo alentó para que logre negociar con Páez. “Vaya don Crossita, yo le tengo fe”, le dijo, y hasta le aconsejó que subiera el monto de la coima “hasta 200 mil”.

Tras este encuentro, Crossa, siempre verborrágico en los audios, comunicó a Torrico, quien era el nexo con los transportistas, que había una nueva persona con quien negociar. “Ya hice contacto con mi tocayo (refiriéndose a Alberto Páez)”, afirmó, para luego explicar cómo debía ser la nueva mecánica para el contrabando.

Según surge de los audios, la forma no era muy diferente, pues se había estipulado que a Páez debían pasarle fotos de las patentes de los camiones que iban a pasar, los cuales pagaban la coima. En tanto, el comandante, a través de Radaelli, definía una franja horaria para el paso de los camiones.

De esta manera, el flujo del contrabando se incrementó notablemente, incluso hasta 25 rodados por día. Crossa llegó a disponer castigos para los camiones que no querían arreglar, a los cuales delataba con Páez, a quien le pedía que enviara patrullas a interceptarlos.

Los audios causaron un gran impacto en la sala. Las defensas intentaron esgrimir algunos argumentos tendientes disipar el peso de las pruebas o a confundir al testigo.

De esta manera, el debate transitó con la reproducción de más audios y chats de conversaciones, en los que se confirmó la participación delictiva del resto de los acusados y se hizo referencia a la cantidad de dinero que la maniobra les dejó a los imputados.

Por ejemplo, en el caso de Crossa se advirtió el manejo de millones de pesos, lo cual utilizó para comprar un equipo electrógeno de primera marca, ganancias que compartía con sus hijos, que quedaron registradas en un grupo de WhatsApp familiar. “Para ellos 250 mil por semana y para mí lo mismo”, se escuchó decir al finquero en uno de sus mensajes, tras una renegociación en torno al pago de los sobornos.