El juez federal de Garantías Julio Bavio hizo lugar a la imputación presentada por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, en contra de dos hombres por el delito de transporte de materia prima para la elaboración de estupefacientes. Fue en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada ayer por la mañana.
En representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, el fiscal expuso ante el magistrado la teoría por la que la fiscalía investiga a los ahora imputados, quienes fueron detenidos el martes pasado, alrededor de las 3.30, en la ruta 16, kilómetro 605, a la altura de la localidad de Joaquín V. González, al sur provincial. Al respecto, explicó que los acusados transportaban 4.147 kilos de hojas de coca, que pretendían llevar hasta el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Lo hacían en un camión Mercedes Benz con acoplado, en el que también transportaban 16 bultos de medias, uno de cierres y tres con frascos de medicina natural. Para evitar ser descubiertos, además de realizar el viaje de noche, llevaban las hojas de coca -distribuida en 182 bultos-, camufladas entre cajones de verdura.
Villalba indicó que un llamado anónimo a la policía de la provincia permitió conocer la ruta de la carga ilegal, como así también las correspondientes medidas investigativas que derivaron en la detención de los acusados y el secuestro de las cuatro toneladas de hojas de coca. Sobre el procedimiento sostuvo que al ser detenido el camión para su requisa, tanto G., chofer, como F., ayudante, mostraron signos de nerviosismo e incurrieron en contradicciones respecto al destino de las hojas de coca.
El fiscal general calificó el hecho como grave, ya que se trata de un secuestro inédito en la provincia, en lo que respecta a hojas de coca, como así también resaltó que “surge evidente la necesidad de investigar si la carga, en realidad, tenía como destino ser utilizada como materia prima para la elaboración de estupefacientes”. No obstante, planteó de manera subsidiaria el delito de encubrimiento de contrabando, contemplado en el artículo 864 del Código Aduanero.
Para avanzar con la teoría del caso, Villalba, acompañado de la y el auxiliar fiscal Mariana Gamba y Jorge Viltes Monier, solicitó un plazo de investigación de 60 días, como así también requirió autorización para una serie de pericias técnicas pendientes, entre ellas la de los teléfonos celulares secuestrados.
Medidas de coerción
Al momento de referirse a las medidas cautelares, el fiscal solicitó al juez la prisión preventiva de los dos acusados, atento a la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal, como así también resaltó que la investigación se encuentra en su etapa inicial. Destacó la naturaleza del hecho, pues la cantidad de hojas de coca secuestrada en poder de los acusados es inédita en la provincia, a la vez que insistió en la hipótesis de que la carga debe ser analizada como materia prima y no como mercadería a ser comercializada para el consumo. “Entre los operadores del sistema con más años no recordamos un caso de tanta cantidad, lo cual, por cierto, nos obliga a efectuar un análisis más severo, en especial, por la responsabilidad que tenemos frente a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Nacional en la lucha de este flagelo”, manifestó el fiscal.
“En este caso, la carga iba dirigida al sur, lo que también no debe pasar por desapercibido, ya que, si bien no tenemos hipótesis de la existencia de cocina en el país, debido al costo e infraestructura que demanda, igualmente se trata de una posibilidad que no podemos descartar”, reforzó.
Por su parte, el defensor oficial Agustín Mogaburur rechazó el pedido de prisión preventiva sobre la base de que tal medida es de carácter excepcional, como así también consideró que la calificación más acorde al caso es la de encubrimiento de contrabando, la cual prevé una escala penal mínima que no contempla la privación de la libertad. Mencionó el arraigo de los acusados, oriundos de Tucumán y Colonia Santa Rosa, la falta de antecedentes penales y que no existen elementos suficientes para establecer que sus defendidos podrían ser parte de una organización de narcotráfico. En vista de ello, solicitó la libertad bajo otras medidas de coerción, como el compromiso de no entorpecer la investigación.
Frente a este pedido, el juez aceptó la calificación penal requerida por la fiscalía, pero rechazó la prisión preventiva en vista de que no vislumbra elementos que hagan presumir que los acusados sean integrantes de una organización delictiva mucho más compleja. Asimismo, impuso a los acusados otras reglas de conducta, como la obligación de presentarse ante la dependencia policial, la comunicación periódica con la fiscalía y la prohibición de salir del país. Finalmente, autorizó las pericias pendientes pedidas por la fiscalía.
