La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, dio por formalizada el sábado pasado la investigación penal requerida por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos en contra ocho personas detenidas en el marco de una investigación realizada por Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).

La imputación es por el delito de secuestro extorsivo, agravado por el número de intervinientes y las lesiones gravísimas causadas a la víctima. Los acusados son Horacio Erik Chauqui, Cristián Martínez, Micaela Riquelme, Daniel Llanos, Emanuel Yamil Arjona, Aurelio Florentino Maldonado, Carlos Gustavo Lozano y Roy Carlos Choque Aguirre.

A requerimiento de la fiscalía, la jueza dictó en la misma audiencia la prisión preventiva de todos los acusados por considerar que son fehacientes los riesgos de fuga y entorpecimiento esgrimidos por el fiscal. Coincidió en la gravedad extrema del hecho, que se vio plasmada en la violencia de parte de los imputados.

En la presentación del caso, el fiscal explicó que, para la ejecución del secuestro, que comenzó el jueves pasado y se extendió hasta el día siguiente, tres de los acusados (Choque Aguirre, Lozano y Llanos) llegaron a la ciudad procedentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Para el fiscal y la auxiliar, Carolina Aráoz Vallejos, el “movimiento en bloque” de aquellos dejó en claro que se trataba del accionar de una organización. Dijeron que el ingreso al país fue en legal forma, precisamente, para desechar cualquier presunción en su contra.

De acuerdo con la investigación, Choque Aguirre, de profesión ingeniero ambiental, llegó a la capital provincial y en seguida coordinó con el resto de los acusados el rapto de un hombre que cumplía una condena de 4 años y 6 meses de prisión por un hecho de narcotráfico bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La elección de la víctima, según lo referido en la audiencia, se debió a la relación de parentesco con otro familiar, con quien los acusados tenían una cuenta pendiente por un negocio de drogas, motivo claramente expresado como condición para el rescate.

Encapuchados

El fiscal señaló que el secuestro que ocurrió el jueves a la noche, cuando la víctima se hallaba en su casa, donde compartía un asado con otros parientes. En ese contexto, aparecieron varios encapuchados, quienes se presentaron como policías y se lo llevaron.

A la hora de este episodio, los familiares de la víctima recibieron un video en el que aparecía la víctima golpeada y se veía como uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha, para luego darle de golpes. En un mensaje siguiente, vía WhatsApp, pedían que otro familiar hiciera entrega de un dinero, que la plata tenía que “aparecer”.

Según indicó el fiscal, los imputados también fueron intimidantes para que no diera intervención a la policía, pues anticiparon que eso agravaría la situación del hombre secuestrado e incluso de otros integrantes de la familia. No obstante, al día siguiente dieron aviso de lo que sucedía a través de un llamado al sistema de emergencias 911.

El representante del MPF narró que, a partir del pedido de auxilio y bajo directivas de la fiscalía, personal de investigaciones de la policía local instaló una vigilancia reservada en la casa, a la cual Choque Aguirre regresó al día siguiente, poco después del mediodía, para exigir el cumplimiento en el pago del rescate, como también para que le proporcionen la dirección de un tío, quien supuestamente era el que se habría quedado con la droga reclamada.

Explicó que pudo constatarse que el acusado había llegado en un taxi Fiat Cronos, conducido por Maldonado, en el que también había otro ocupante, quien se dio a la fuga cuando la policía intervino y detuvo a Choque Aguirre y al conductor del rodado. En esa circunstancia comenzó a sonar el teléfono de uno de los ahora detenidos.

El fiscal precisó que, en ese momento, los investigadores se percataron que la llamada entrante tenía el mismo número telefónico de los mensajes amenazantes que habían recibido los familiares, por lo que se dispuso un operativo que permitió dar con el domicilio donde estaba cautivo.

En este punto, el fiscal resaltó que, dado los mensajes y tres videos remitidos en los que había imágenes de extrema violencia sobre la persona secuestrada, se decidió realizar el rescate, pues se consideró que existía un serio riesgo de vida.

Relató que, en cuestión de minutos, los policías llegaron hasta una vivienda del barrio Santa Rita II, en la zona sur de la ciudad, donde irrumpieron y redujeron a los otros siete acusados y hallaron a la víctima debajo de una cama. El hombre presentaba gravísimas lesiones y fue asistido de inmediato.

Agregó que, posteriormente, la víctima dio un relato coincidente con el dado por sus parientes respecto a cómo se produjo el secuestro. En cuanto a lo que sucedió luego, dijo que fue subido a un vehículo, que lo encapucharon y que fue golpeado mientras viajaba.

Añadió que lo mismo sucedió en la vivienda donde estuvo cautivo, donde fue agredido con golpes de puño y patadas, y hasta le dieron culatazos con armas, entre las que identificó una ametralladora. También apuntó a Riquelme como la más activa al momento de golpearlo, y agregó que fue quien lo metió debajo de la cama cuando aparecieron los policías a rescatarlo.

La víctima expresó -de acuerdo a lo repasado por el fiscal en la audiencia que sus captores le pedían una y otra vez que aportara información de un tío, pero que, como tiene varios, no sabía a quién se referían, y reconoció que el reclamo era por un asunto de drogas, ya que siempre hicieron alusión a eso.

Tras describir los hechos, el fiscal mencionó las pruebas reunidas, como también indicó que existían otras medidas en curso, entre ellas el reporte forense respecto a las huellas genéticas en la casa de cautiverio y el impacto de los teléfonos de los acusados.

Al expedirse sobre las medidas cautelares, Toranzos solicitó que se dispusiera la prisión preventiva. La medida fue resistida por la defensa de Riquelme y Arjona que, a cambio, pidieron el beneficio del arresto domiciliario. La postura de la defensa fue rebatida por el fiscal, quien recordó que la mujer fue identificada por la víctima como la más agresiva.

En cuanto a Arjona, el fiscal sostuvo que solo se esgrimieron aspectos genéricos en su defensa, a la vez que reforzó el pedido de prisión preventiva en las amenazas proferidas, una de las cuales se extendió a otros miembros de la familia, incluso menores de edad. “Por cada paquete de droga que debían iban a matar a un familiar”, citó el fiscal la amenaza.

Agregó que la misma víctima, en tanto, había recordado que Riquelme le dijo que iba a matar a su hija, que le iba a arrancar las uñas, por lo que concluyó que los acusados estaban al tanto de la conformación del núcleo familiar, cuyos integrantes se mostraron atemorizados por los mensajes amenazantes.

En función de ello, la jueza resaltó la gravedad del hecho y rechazó la argumentación defensiva respecto a que dos hijos menores de Riquelme estaban desamparados, lo que, a su criterio, no surgió de las pruebas presentadas. Con ello, confirmó la formalización de la imputación, afirmó que no hubo ninguna ilegalidad en la detención de los acusados y dictó la prisión preventiva de todos.