En una nueva audiencia de ampliación del objeto procesal, la Procuraduría de Narcorminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, imputó el jueves pasado a otros cuatro hombres el delito de siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

La acusación fue receptada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien también hizo lugar a la prisión preventiva respecto de uno de los acusados, quien está sindicado con una responsabilidad penal mayor que la del resto. Asimismo, autorizó nuevos peritajes, la ampliación del plazo de la investigación y rechazó una serie de impugnaciones planteadas por las distintas defensas.

La imputación a los nuevos acusados, detenidos el 30 de mayo pasado en distintos domicilios de las localidades jujeñas de Monterrico y Palpalá, fue presentada por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, quien dio detalles respecto al rol de cada uno en la organización narcocriminal.

Ante la jueza, los nuevos acusados fueron identificados como César Alberto Royo, Aldo Luis Aparicio y sus hijos Tomás y Simón. Estas personas se suman a a los ya imputados Juan Berruezo, Jonatán Manuel Garzón, los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia, Sergio Humberto Salum, Rodrigo Martín Guillermo Coronel y Víctor Nicolás Farfán.

Berruezo y Garzón fueron detenidos el 4 de febrero pasado y fueron imputados tres días después. El primero es administrador e hijo del dueño de la finca donde se había montado la plantación de marihuana, ubicada en la zona norte de Salta, casi en el límite con Jujuy. El segundo, en tanto, cumplía tareas como cuidador.

El 9 de febrero la PROCUNAR NOA amplió la imputación sobre los hermanos Segovia, quienes cumplían tareas de cuidado en la plantación. El 23 de marzo, en tanto, se sumó una nueva extensión de la acusación, esta vez sobre Salum, Farfán y Coronel. Los dos primeros, fueron sindicados como los líderes de la organización, mientras que el tercero tenía a su cargo tareas menores.

Todos los acusados, según la hipótesis de la fiscalía, conformaron una asociación delictiva que tenía como objeto la plantación de marihuana para su posterior comercialización. En efecto, en la finca de Berruezo se hallaron 2.400 plantas, 7.200 plantines dispuestos para su cultivo y otros 1.008 en germinación.

Asimismo, se secuestraron 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo y numerosos elementos destinados a la siembra, cultivo y procesamiento de la droga. En la finca había un sector de secado, recipientes con insecticida y fertilizantes, mochilas de fumigado y regado, y garrafas con pantallas de calor.

Entre otras evidencias, y como resultado de otros allanamientos, se incautaron dos vehículos, documentación de interés, un millón de pesos y varios teléfonos, de los cuales se logró extraer información respecto al resto de los integrantes de esta organización.

Nueva imputación

Al referirse a los nuevos imputados, la auxiliar fiscal señaló que su identificación provino de los mensajes y chats extraídos. Dijo que de estas evidencias surgía de manera reiterada la alusión de una persona a la que llamaban “plátano”.

Explicó que este acusado tuvo un rol de cierta relevancia, pues aparece señalado como una pieza clave en la siembra y cultivo de las plantas, al parecer, por su conocimiento en materia agrícola y experiencia en logística para la disposición de la plantación.

“De las tareas de gabinete y de campo, tanto por parte del equipo del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas intervinientes, como personal del Escuadrón 53, de la Gendarmería nacional y del GOC NOA [Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noroeste Argentino], se pudo establecer que Aldo Aparicio era la persona referida como plátano”, explicó.

Como prueba de ello, indicó que la identificación del acusado provino no sólo de la identificación de su número de teléfono, sino de varios mensajes enviados por los líderes de la organización, quienes en distintas comunicaciones preguntaban por el paradero de “plátano”.

Por otra parte, indicó que Aparicio era la persona encargada de buscar a los trabajadores rurales para llevarlos a la finca, y que les proveía comida, por lo que “su rol dentro de la organización era superior respecto a otros acusados”.

La representante del MPF indicó que la imputación a los hijos de Aparicio surge de los intercambios comunicativos mantenidos, tanto con su padre como con el resto de los acusados.

Con Royo sucedió algo similar, pues en los chats era identificado por el apodo de “Cumpa”. Su identidad se conoció a partir de la titularidad de la línea y a raíz de las comunicaciones que mantuvo con otros imputados, entre ellos Garzón, Aldo Aparicio y Coronel. Su rol, según la fiscalía, estuvo relacionado a la siembra y cultivo de la droga.

Medidas de coerción y planteos

En vista de la envergadura del caso y teniendo en cuenta que se trata de la plantación de marihuana más grande del país descubierta, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aldo Aparicio y requirió que esta medida, que también recae sobre Berruezo, Salum, Farfán y Garzón, se extienda por cincuenta días más.

La representante del MPF fundó el pedido tanto en la gravedad y en la naturaleza del hecho, como en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, en el que podrían incurrir los cinco acusados mencionados, cuya responsabilidad penal es mayor a la del resto y, por lo tanto, la pena en expectativa para ellos no contemplaría la modalidad de ejecución condicional.

En el caso de Aparicio, la auxiliar fiscal resaltó su disposición económica, pues posee alrededor de nueve vehículos registrados a su nombre, entre autos, camionetas y maquinas agrícolas, a lo que se suman numerosos teléfonos celulares, los cuales ahora serán sometidos a nuevos peritajes.

Gamba Cremaschi sostuvo que la situación de Berruezo, Salum, Farfán y Garzón se agravó, por lo que argumentó la necesidad de mantenerlos privados de su libertad. Respecto a los hijos de Aparicio y a Royo, propuso que queden en libertad provisoria con medidas restrictivas a cumplir, entre ellas la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la dependencia policial más cercana.

Frente a estos pedidos, las defensas de los cincos acusados detenidos interpusieron una serie de planteos, como declaraciones de ilegalidad y nulidades, tanto sobre los allanamientos, peritajes, el secuestro de teléfonos y chips y las intervenciones telefónicas de sus defendidos, fundadas en la supuesta ausencia de autorización judicial.

Los pedidos, sin embargo, no prosperaron. Al rebatirlos, la auxiliar fiscal Gamba Cremaschi repasó cada una de las diligencias cuestionadas, indicó la existencia de constancias de la respectiva autorización y control judicial por parte de los jueces intervinientes, con lo cual echó por tierra las pretensiones defensivas. Lo mismo sucedió con un pedido similar de la defensa de Royo.

En su argumentación, la representante del MPF destacó las premisas del Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019, entre ellas la oralidad y la desformalización del trámite del legajo, aspecto que pudo haber influido en las peticiones defensivas, ya que varias de las autorizaciones puestas en duda fueron oralizadas en las distintas audiencias celebradas.

La postura de la fiscalía fue respaldada por la jueza Giménez, quien intervino en la mayoría de las diligencias cuestionadas. La magistrada acompañó también los argumentos referidos al riesgo de fuga, entorpecimiento, expectativa de pena y agregó el compromiso de investigar a fondo estos hechos, según se desprende de los tratados internacionales asumidos por el Estado argentino.

También resaltó la magnitud del hecho, la asociación de los acusados, cada uno con un rol y, en especial, destacó el daño que representaba para la sociedad la cantidad de estupefaciente que los imputados se disponían a procesar para su comercialización.

En vista de ello, la jueza desechó las impugnaciones, declaró la legalidad de la detención de los cuatro imputados, dio por ampliado el objeto de la investigación penal, dictó la prisión preventiva de Aparicio, extendió el plazo de la de los otros acusados y, por último, autorizó los peritajes a llevarse a cabo sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados a los nuevos acusados.