Una pareja y el hijo de uno de sus integrantes, residentes de la localidad de General Güemes,  fueron imputados el 25 de enero pasado por el delito de hurto agravado, acusación impulsada por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos complejos de la Unidad Fiscal Salta.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, dirigida por el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, el fiscal presentó el caso, fundó la imputación y dejó latente la posibilidad de que la acusación se agrave a través de la figura de “asociación ilícita”.

Los acusados fueron identificados por el juez como Eduardo Francisco Avilés; su pareja, Estela Verónica López; y el hijo de esta, Rodrigo Cuellar, quienes fueron asistidos en la audiencia por el abogado Alexis Morales.

Con la asistencia del auxiliar fiscal, Facundo Mirabella, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó el caso, el cual se había iniciado el 29 de septiembre del año pasado cuando la Delegación local de la Policía Federal reportó información recibida mediante una llamada anónima.

El fiscal señaló que una mujer aportó datos precisos respecto a la maniobra, consistente en el robo sistemático de combustible de una estación ferroviaria de esa ciudad, la cual se encuentra a cargo de la firma Belgrano Cargas y Logística SA. La denuncia especificó que uno de los principales implicados era Avilés, empleado de esa empresa.

La denunciante aportó datos del domicilio donde se acopiaba el combustible y mencionó que López y Cuellar eran otros cómplices de esta maniobra, la cual no se limitaba solamente a la sustracción sino a la venta del gasoil en localidades vecinas, tanto en Salta como en Jujuy.

Como resultado de la investigación que se llevó adelante -a cargo del Investigador Pablo Carraro y de Facundo Saravia, ambos del Área de Casos Complejos- se pudo establecer hasta el momento la sustracción de 19.800 litros de gasoil, lo cual significó un perjuicio para el Estado que rondaría la suma de 1.568.160 pesos.

Hurto agravado

Si bien al presentar el caso el fiscal imputó a los tres acusados el delito de hurto agravado, el cual tiene una escala penal de carácter excarcelable, dejó latente la posibilidad de que la acusación se agrave, ya que aún resta analizar ciertos resultados e informes que podrían dar paso a la figura de asociación ilícita, calificación que también fue mencionada por el juez Bavio.

En este sentido, desde la fiscalía se hizo hincapié en las numerosas conversaciones que mantuvieron los acusados tanto para coordinar el hurto del combustible como su comercialización entre comerciantes y finqueros de la zona, conducta que podría ser compatible con las condiciones establecidas respecto a la asociación ilícita.

Asimismo, resta conocer la condición laboral de Avilés, quien trabaja en la estación ferroviaria y era el encargado de la descarga de combustible. Al respecto, la fiscalía indicó que se espera conocer si se trata de un trabajador del área privada o si sus funciones podrían revestir las mismas de un funcionario y/o empleado público, con lo cual la acusación penal podría agravarse.

La maniobra

Al referirse al accionar de los acusados, quienes por ahora optaron por no declarar, Toranzos explicó que, al realizar las tareas de campo, a cargo de la Policía Federal, se pudo comprobar efectivamente que, en horas nocturnas y desde la casa ubicada en la calle 20 de Febrero 1058, salía una camioneta Ford Eco Sport, que se dirigía a la estación ferroviaria.

Indicó que allí, tras ingresar con distintas excusas y mientras Avilés entretenía a los guardias, López y Cuellar cargaban bidones de combustibles, los que luego eran trasladados a la vivienda y almacenados en tachos de 200 litros o en los mismos bidones, todo dentro de una habitación del inmueble.

Las tareas de investigativas confirmaron que esta maniobra se reiteró en distintas ocasiones, a veces con la participación de los tres acusados y en otras sólo lo hacía Cuellar. Al profundizar la investigación, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías en feria la autorización de intervenciones telefónicas, que no sólo confirmaron la maniobra de sustracción del combustible sino su venta, tarea que mayormente estaba a cargo de López.

Las escuchas telefónicas, algunas de las cuales fueron mencionadas por el fiscal en la audiencia, demostraron de manera contundente cómo López acordaba el precio de ganancia del combustible sustraído y su posterior entrega, que se hacía en la misma vivienda o a domicilio.

“Aunque la investigación aún está en curso, se pudo establecer que la conducta de los acusados consistió en el desapoderamiento del combustible, accionar que se ejecutaba a partir de la confianza que la empresa le había dado a Avilés, quien tenía a su cargo la descarga del combustible”, resaltó el fiscal.

Agregó que el combustible “era transportado a Belgrano Cargas y Logística SA, mediante un convenio con YPF, para la provisión en cada una de sus dependencias”. Como resultado de estas tareas investigativas se solicitaron allanamientos, tanto en la casa de la calle 20 de Febrero como en otro inmueble, donde se recuperó combustible hurtado y se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Escuchas

Al referirse al resultado que arrojaron las intervenciones telefónicas, el fiscal explicó que surgieron numerosas pruebas respecto a la responsabilidad de los acusados en los hechos. Como evidencia de ello, señaló que el 9 de enero pasado López mantuvo una conversación con un cliente.

En la comunicación, la mujer llamó al comprador y le ofreció el combustible. “Hola, le quería decir que ahí tengo tres tachos… Si quería que se lo lleve”. El cliente aceptó la oferta: “Eh, ¿tres tachos? Bueno, bueno”. López contestó: “Ahí vamos enseguida, así terminamos temprano…”.

En otro diálogo, del 11 de enero pasado, López encaró a otro comprador. “Quería preguntarle si no necesita gasoil”. Su interlocutor le consultó: “A cuánto lo va a hace”. López prosiguió: “Lo voy hace’ los 200 litros a 10 mil pesos”. El cliente reflexionó y luego pidió: “Cuánto me sale, 50 pesos el litro…Bueno, tráigame unos 200 litros, pue’”. López concluyó: “Lo que usted quiera”.

El 13 de enero, en tanto, Avilés habló con López sobre bidones de combustible sustraído. “Ahí cargo en la camioneta unos tantos bidones, de esos chiquitos, de 5 litros”, le dijo. Su pareja le respondió: “Ah, bueno”. Tras lo cual Avilés indicó: “Ahí tiralos en la pieza del fondo nomas, pue’”.

En otro tramo, también en diálogo con su pareja, Avilés se refierió a una incursión para hurtar combustible: “Yo calculo que mañana… Si no hoy día a la noche, capaz que se nos dé la última”, le dijo, y luego agregó: “La máquina se ha ido para Ledesma, capaz esté saliendo a las tres o cuatro de la tarde… Va a estar entrando acá a las nueve o diez de la noche”. Completó: “Así que ojalá sea esa nomás, que me toque… Los otros se van a ir a la medianoche…Después lo hacemos cagar…”.

Resolución

Al finalizar la audiencia, y tras evaluar el pedido de imputación por parte de la fiscalía, el plazo de investigación de 60 días requeridos y las reglas de conducta para los acusados, como una objeción de la defensa respecto al agravamiento del delito de hurto, el juez falló en consonancia con lo pedido por el fiscal.

“Se trata de un hecho delictivo, en el que la probable responsabilidad recae en los acusados, pues advierto elementos de cargo contundentes y pruebas sólidas presentadas por parte de la fiscalía, las que dejan de manifiesto el robo de combustible a cargo de los acusados”, indicó el magistrado.

“López tenía una función clave en la negociación de venta, como así también las escuchas revelan otros episodios referidos a la sustracción del combustible, como la preparación de la camioneta, los bidones. Surgen precios y otros aspectos a grandes cantidades de combustible que era negociado”, agregó.

“En consecuencia, el hecho está probado, pues hay elementos contundentes sobre la calificación. No obstante, aún resta saber si uno de los acusados es o no empleado público, razón por la cual y por el momento, la acusación es más favorable a la de hurto”.

Al extenderse sobre el análisis de la calificación penal, el juez indicó que si bien “con el resultado de los allanamientos la acusación de la fiscalía se fortaleció, aún resta determinar si las condiciones no descartan la comisión de una asociación ilícita o delito continuado”.