En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, la jueza federal de Garantías Nº2 Mariela Giménez hizo lugar ayer a la imputación realizada por el fiscal federal Ricardo Toranzos en contra de Víctor Hugo Apaza y su sobrino, Gonzalo Apaza, por el delito de cultivo de vegetal para la producción de estupefacientes.

A instancia del pedido del fiscal, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, se impuso para Víctor Apaza el arresto domiciliario, mientras que su sobrino permanecerá en libertad provisoria con el compromiso de someterse al proceso y la prohibición de abandonar el país.

La jueza también declaró legal la detención de los acusados al momento de ejecutarse los procedimientos dispuestos en el marco del caso, a la vez que autorizó el plazo de 50 días solicitado por la fiscalía para llevar adelante la investigación penal.

Iniciada la audiencia, que se extendió de las 18.00 a las 21.00, los acusados fueron identificados, tras lo cual el fiscal, mediante una presentación digital, explicó cómo se logró descubrir la plantación ubicada en una zona de yungas en la finca “Las Pichanas”, en la localidad de El Jardín, departamento La Candelaria.

Con la asistencia del auxiliar fiscal Facundo Mirabella y el investigador Pablo Carraro, del Área de Casos Complejos, Toranzos informó que el caso se inició por una denuncia realizada el 16 de febrero pasado por una persona de la zona, quien solicitó que sus datos personales no sean registrados por temor a represalias.

En la denuncia, reportada por la Unidad de Reunión de Información de la Gendarmería Nacional, se sostuvo que el 27 de diciembre pasado, al salir a buscar unos animales por campos del lugar, descubrió una plantación que le llamó la atención, por lo que tomó fotografías y aportó las imágenes de las plantas, que resultaron ser marihuana.

Sobre la plantación, la denuncia indicó que se hallaba en una zona de difícil acceso en la finca “Las Pichanas”, ubicada en el límite entre Guachipas y La Candelaria, en una propiedad de una extensión de 1.790 hectáreas perteneciente a Hugo Teodoro Von Bernard.

Al ampliar su denuncia, reveló nombres de las personas que podrían estar involucradas en la plantación descubierta, entre los cuales se hallaban los de Víctor Apaza y el de su sobrino, por lo que la fiscalía dispuso la realización de tareas de campo a fin de verificar lo denunciado.

Comodato

Como consecuencia de ello, agregó el fiscal, se estableció que efectivamente Víctor Apaza tenía un acuerdo de comodato con Von Bernard, quien reside en la provincia de Buenos Aires. No obstante, mantenía contacto frecuente con el acusado a fin de hablar respecto al cuidado de la finca, entre otros temas.

Con la proyección de fotos y videos, el fiscal mostró a la jueza cómo los efectivos abocados al caso descubrieron la plantación, ubicada cuesta arriba de la finca, en una zona a la que se accede tras superar ríos y quebradas, entre otras dificultades propias del terreno.

El representante del MPF explicó que la plantación equivale a un espacio de cincuenta metros cuadrados, en el que se hallaban dispuestas 240 plantas, que fueron cultivadas de manera que al crecer sus ramas no se crucen y favorezcan así el crecimiento de la flor o cogollo, del cual se extrae la sustancia para producir el estupefaciente.

También se pudo establecer que Apaza ejercía la disposición legal de la propiedad, aspecto que probó al presentar una filmación en la que se advierte a Víctor Apaza en la tranquera de la finca, cuyo acceso era resuelto por el acusado.

Para reforzar la imputación, expuso una serie de conversaciones telefónicas realizadas por los acusados, obtenida bajo control del Juzgado de Garantías. De las intervenciones expuestas, se pudo apreciar que Víctor Apaza solía frecuentar de manera seguida la propiedad, en especial en la zona más alta, donde se había desplegado el sembradío.

En función de estas tareas investigativas, la fiscalía solicitó allanamientos en la finca para desbaratar la plantación, como también en una vivienda del paraje El Espinal, donde fueron detenidos los dos imputados. Y, por último, una casa en la localidad de El Tala, perteneciente a un familiar del principal investigado.

En vista de ello, el fiscal solicitó que se formalice la investigación penal contra ambos acusados por el delito de cultivo y no descartó que por el hecho surjan otras imputaciones, pues el caso se haya aún en una etapa inicial.

Declaración

En representación de los acusados, el defensor oficial Martín Fleming tomó conocimiento de la imputación, sin presentar objeciónes. Enseguida dio a conocer la intención de sus defendidos de prestar declaración.

El primero en hacerlo fue Víctor Apaza, quien reconoció que tenía un contrato de comodato con el dueño de la finca, por lo que ejercía el cuidado del lugar, aunque redujo esa función solo al sector de acceso a la propiedad. Además, afirmó que, pese a su labor, había muchas personas que incursionaban y que no conocía a todos.

En cuanto a las conversaciones telefónicas expuestas en la audiencia, reconoció su voz en ellas, aunque al dar precisiones sobre el terreno y la ubicación de la plantación se mostró evasivo e incurrió en contradicciones respecto a la localización de algunos parajes.

Apaza, al igual que su sobrino, se describieron distantes de la plantación de marihuana descubierta, de la cual afirmaron que desconocían totalmente. Incluso dijeron que no conocían la planta de marihuana y mucho menos que se haya cultivado en un sector de la finca.

Medidas de coerción

En esta parte de la audiencia, el fiscal desistió por el momento de la prisión preventiva de los acusados. No obstante, solicitó para Víctor Apaza el arresto domiciliario. Para Gonzalo Apaza, en tanto, sólo pidió su compromiso de someterse a la investigación y la prohibición de salir del país.

Fundó su pedido en la gravedad del hecho, pues se trata del hallazgo de una plantación, cuya magnitud es inédita en Salta. Entre otros argumentos, resaltó la posibilidad de que Víctor Apaza entorpezca la investigación penal, pues podría ejercer maniobras tendientes a influir en otras personas del lugar.

La defensa, por su parte, pidió que se rechacen las medidas de coerción requeridas por la fiscalía, ya que a su criterio no existían elementos de prueba que vincularan de manera positiva a sus defendidos con la plantación de marihuana. Consideró que no había motivos para restringir la libertad de los imputados.

En contrapartida, la fiscalía rebatió tales argumentos al sostener que Víctor Apaza tenía la disposición legal de la propiedad y que había reconocido que acudía al lugar de manera frecuente y disponía quién o quiénes podían ingresar.

Resaltó también otros elementos de pruebas, que la defensa había considerado insuficientes. Esa tesis fue desacreditada por el fiscal, quien insistió en el riesgo procesal que significaría la liberación sin ninguna medida restrictiva de los acusados, quienes tienen preeminencia en la zona, pues conocen a otros posibles implicados.

Al resolver, la jueza coincidió con lo argumentado por la fiscalía, rechazó la oposición planteada por la defensa y confirmó las medidas de coerción planteada bajo los términos expuestos por el fiscal. La decisión fue impugnada por el defensor al cierre de la audiencia.