Una pareja conformada por un hombre de 50 años y una mujer de 43, ambos de la ciudad de Salta, fueron imputados ayer a la tarde por el delito de transporte de estupefacientes. La acusación fue presentada por la Unidad Fiscal Salta ante el Juzgado Federal de Garantías N°2.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia dirigida por la jueza federal subrogante Mariela Giménez, quien hizo lugar a la imputación en la audiencia de formalización de la investigación penal.

El fiscal explicó, al presentar el caso, que las actuaciones por parte del MPF se iniciaron a partir de la consulta realizada por personal del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, que llevaba adelante un control vehicular en la ruta 30, a la altura de la Balanza de Vialidad Nacional, en Joaquín V. González, en el sur de la provincia. Indicó que los gendarmes habían detenido, para el control de rutina, un vehículo VW Gol, el cual era conducido por M.D.G., quien llevaba como acompañante a su pareja, L.B.S., con quien viajaba de la ciudad de Orán a Metán.

Cuando los gendarmes revisaban los papeles del rodado advirtieron un fuerte olor a combustible, como así también que el sector del tanque presentaba rastros de haber sido manipulado recientemente, e incluso uno de los tornillos había sido removido. La sospecha aumentó cuando al palpar y golpear manualmente el tanque, se distinguió un ruido macizo, lo que motivó la consulta del caso con la fiscalía, circunstancias en que el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, bajo la dirección del fiscal Toranzos, dispuso las medidas del caso.

Cámara especial

El automóvil fue trasladado a la base de esa fuerza en Joaquín V. González, donde se hizo una requisa más profunda ante la presencia de testigos civiles. Para ello se utilizó un “boroscopio”, artefacto similar al endoscopio que se usa en la medicina. Provisto con un brazo flexible y con una cámara en su extremo, fue introducido dentro del tanque de combustible. Un visor externo mostró la existencia de varios paquetes dentro del compartimento. En vista de ello, explicó el fiscal, se extrajeron 20 envoltorios, recubiertos con medias de lycra femeninas. Fueron en total 23,084 kilogramos de cocaína, según la prueba de campo realizada ante los testigos.

Toranzos relató que tuvo lugar un fuerte reclamo de la mujer hacia el hombre, pues desconocía la existencia de la droga. Por otra parte, de las consultas respecto a los datos personales de ambos, se conoció que el conductor registraba un pedido de captura del Juzgado de Garantías VII, de la justicia provincial.

Ante el hallazgo de la cocaína y la ausencia de irregularidades en la detención de los acusados, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de las dos personas por el delito de transporte de estupefacientes.

El MPF resaltó las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas los informes del personal de Gendarmería Nacional interviniente, la gravedad del hecho y puso especial relevancia en el daño que la cocaína incautada habría causado en la salud pública. Solicitó, a su vez, un plazo de 50 días para avanzar con la investigación del caso, ya que aún se encuentran pendientes distintas pericias y otras medidas investigativas, entre ellas la de los teléfonos celulares que les fueron secuestrados al acusado y la acusada.

Prisión preventiva

La pareja se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Luego la jueza dio paso al planteo de medidas de coerción, oportunidad en que el fiscal Toranzos solicitó la prisión preventiva.

En el caso del hombre, señaló que registraba pedido de captura en una causa penal por el delito de amenazas en perjuicio de su pareja. También reveló que, de las consultas respecto al arraigo del acusado en el domicilio que dio, una hermana desmintió que viva en dicha casa, en un barrio de la zona sur, en la capital. Por ende, mencionó que existen serios riesgos, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación penal. Además, destacó que ante la posibilidad de recaer condena en su contra, sería de cumplimiento efectivo.

“El comportamiento del acusado no acreditaría que se va a someter a proceso, sino por el contrario, podría entorpecer el caso, poniéndose en contacto con terceros y, con ello, impedir que se avance con la determinación de responsabilidades en el hecho”, indicó. Agregó que, en el allanamiento de otro domicilio del acusado, en un barrio de la zona norte, se secuestró un arma de fuego. “Entiendo que el peligro de fuga está debidamente acreditado. La medida requerida no se trata de una pena anticipada, pues se solicita por tiempo menor al plazo de la investigación”, especificó.

En cuanto a su pareja, en tanto, solicitó que la medida sea morigerada a través de un arresto domiciliario, ya que, en su caso, se pudo establecer el arraigo y contención familiar en el domicilio aportado, a la vez que sopesó su comportamiento de manera positiva, pues cuando se descubrió la droga, de inmediato reclamó tal situación a su pareja.

La defensa

La defensa, a cargo del abogado Osvaldo Rodríguez, solicitó que el arresto domiciliario sea extensivo también para el hombre. Argumentó, para ello, que su cliente tiene trabajo estable, pues se desempeña como enfermero en un centro de salud y que, actualmente, es considerado un paciente de riesgo en el marco de la pandemia del COVID-19. Indicó que padece diabetes y tiene el colesterol alto, sumado a ello el exceso de peso, argumentos con los cuales indicó que no es recomendable que sea mantenido en una unidad carcelaria. Respecto al pedido de captura, sostuvo que esa causa se resolvió con un juicio abreviado y que no hay posibilidad de entorpecimiento, pues no hay más implicados.

En respuesta a ello, el fiscal indicó que, respecto a la situación médica, la defensa no presentó documentación al respecto; no obstante, indicó que el acusado fue examinado y que es muy probable que, dada su condición de enfermero, ya haya sido vacunado contra el coronavirus. Asimismo, dijo que las estadísticas indican que, en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, hubo menos contagios que en el orden comunitario. “En cuanto a la manifestación de que no hay terceros implicados, esto no hace más que colocar al acusado en una situación procesal más grave, pues sería el dueño de la droga”, resaltó.

Concluido los planteos, la jueza Giménez declaró la legalidad de la detención, dio por formalizada la investigación penal, autorizó el plazo de investigación requerido por la fiscalía y las pericias técnicas pendientes. En cuanto a las medidas de coerción, la magistrada subrogante dictó la prisión preventiva en los términos requeridos por la fiscalía, pues compartió los argumentos expresados por el fiscal Toranzos respecto al riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.