La medida fue dispuesta a raíz de la presentación efectuada por un abogado quien expuso a la jueza que tomó conocimiento por familiares de los reclusos de la queja de más de 200 internos en relación a malos tratos y otras medidas que consideran inconstitucionales, y que perjudican la situación personal tanto de los mismos como de sus familias.
Una vez en el lugar, la jueza se entrevistó primero con las autoridades de la cárcel, y luego con cinco internos.
Durante la entrevista, se les explicó el alcance del memorando de vestimenta, que era la causa principal de sus quejas. Los presos expusieron que además el personal del Servicio Penitenciario comenzó a restringir el ingreso de comida traída por sus familiares.
Luego de la visita, los presos expusieron su intención de levantar la medida de fuerza.