Seguínos

Facebook Twitter Youtube
POLICIALES

También hay dos civiles en el banquillo

Más testimoniales en el juicio contra los ocho narcopolicías

Se celebró el martes una nueva jornada en el juicio contra ocho policías y dos civiles por los delitos tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, asociación ilícita, confabulación, tenencia simple de estupefacientes, omisión de los deberes del oficio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos.

Juicio a policías
Juicio a policías

Se escucharon en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial las declaraciones de cuatro policías que fueron citados como testigos.

Los policías imputados son Noemí Nancy Bruna, por omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Pedro Gustavo Carrizo, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos; Javier Ramón Costilla, Carlos Alfredo Erazo y Rafael Antonio Siares, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, tenencia simple de estupefacientes, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Ricardo Enrique López, por omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Sergio Eduardo López, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación, omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público; Daniel Federico Visgarra, por omisión de los deberes del oficio e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa también están imputados Sandra Elizabeth Serrudo (49) y Ezequiel Alfredo Thiz (26), por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por la participación más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos que contempla la Ley 23737, asociación ilícita y confabulación.

El tribunal colegiado está conformado por los jueces de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi, Guillermo Pereyra y José Luis Riera.

Por el Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago Paz Soto. La defensa de los imputados está en manos de Marco Luis Gorriti, Alfredo Luis Garce, Marcelo Eduardo Arancibia, Enrique Fabio Choque, Marcelo Eduardo Arancibia, Juan A. Medrano, Marcos Esteban Isa y el defensor oficial de la Unidad de Defensa Pública 4.

A partir de la intervención de una línea telefónica perteneciente a la imputada Sandra Elizabeth Serrudo y a tareas investigativas practicadas en relación a la venta de sustancias estupefacientes, se constató que la acusada había estado realizando esa actividad en su domicilio de barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Se constató también que los policías imputados habían conformado una asociación ilícita que el objetivo de brindar protección a Serrudo y a su hijo, Ezequiel Alfredo Thiz.



MÁS DE POLICIALES
POLICIALES
Uno de los detenidos

Cuatro personas fueron detenidas

. Fue en una compleja investigación de la Dirección General de Investigaciones en una causa por robo calificado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio del empleado de una empresa. Sucedió en un supuesto control vehicular realizado por falsos gendarmes en ruta nacional 51 cerca de San Luis.