A instancia de un requerimiento del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal N° 2, dictó ayer la orden de captura nacional e internacional del ex teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta.

La medida se tomó a partir de un pedido presentado por Amad el 29 de marzo pasado, en el que solicitó la prisión preventiva del ex jefe militar, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito en el marco de una causa penal seguida en su contra por delitos de lesa humanidad. En vista de ello, la jueza ordenó la detención y dispuso medidas para determinar el paradero del ex militar, circunstancias en que se pudo establecer que Cialceta, según un informe de la Gendarmería Nacional, se hallaba ausente de su último domicilio, con el agravante de que su pareja informó que el acusado ya no vivía más en dicho inmueble y desconocía dónde estaba.

Ante ello, el 9 de abril el fiscal Amad pidió la captura del ex teniente coronel y la jueza Giménez ordenó la medida, con alcance internacional. Cialcieta, según surge del requerimiento fiscal, fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad por violencia y amenazas, tratándose de un funcionario público en abuso de sus funciones, en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por el número de personas y alevosía.

El ex militar, cabe recordar, está procesado por su participación en el asesinato del dirigente peronista, hecho que fue denunciado por su pareja, quien relató que el 10 de agosto de 1976, cinco sujetos encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos. Luego, la víctima fue introducida a auto que partió rumbo a Tartagal. Más tarde, el cuerpo del dirigente fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi; presuntamente había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamón, el mismo explosivo que días antes había sido utilizado para eliminar a otros compañeros.

Participación criminal

Al presentar su pedido de prisión preventiva para Cialceta, el fiscal recordó alguno de los fundamentos expuestos por los camaristas de la Sala II, que indicaron que “el rol funcional” atribuido constituye “un elemento que permite establecer una vinculación necesaria del encartado con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio” del dirigente.

“Por otro lado, y atendiendo al contexto histórico en el que acontecieron los hechos investigados, se encuentra indiscutido que el Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, tuvo participación en la denominada lucha contra la subversión, habiendo sido condenado su máxima autoridad en la cadena de mando (General Héctor Ríos Ereñú) en carácter de autor mediato del secuestro y posterior homicidio de René Santillán, como se estableció”, sostuvieron.

Asimismo, los jueces dijeron que Cialceta figuraba junto a Ríos Ereñú como personal superior integrando la Plana Mayor de la estructura castrense, y que se encontraba probado que cumplió funciones en Tartagal como oficial de personal al tiempo de los hechos, como lo admitió en su descargo.

“Así, la participación en un hecho criminal resulta predicable tanto respecto de quien ha realizado personalmente las acciones descriptas en los respectivos tipos penales (autor material), cuanto de quien pudo haber colaborado con aquél, o bien, hubo impartido las órdenes genéricas o particulares cuya ejecución puntual diera lugar a la comisión del ilícito criminal determinante del resultado”, sostuvieron los camaristas.

Para el fiscal, en tanto, el acusado “ocupó entonces una posición institucional de alto rango dentro de la estructura del aparato organizado de poder del terrorismo de Estado, por lo que resulta probable la influencia que el nombrado puede ostentar en las estructuras de seguridad hoy vigentes, a las cuales perteneció y tuvo bajo su mando, teniendo particularmente en cuenta el grado militar alcanzado”.

Evadir a la justicia

En su pedido, el fiscal Amad sostuvo que como el imputado se habría valido de la estructura estatal a los fines de la comisión de crímenes que “por su entidad son considerados de lesa humanidad, resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”.

Agregó, a su vez, que no se debe “perder de vista que, en este punto, existe un interés público nacional e internacional en impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que, frente a la comisión de hechos considerados de lesa humanidad, como son los que se le imputan a Cialceta, se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía”.