En el marco de la revisión ordenada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal a una sentencia dictada en 2011, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó ayer a prisión perpetua al ex policía Andrés del Valle Soraire por resultar partícipe necesario de los homicidios del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, y de un testigo del crimen, Santiago Arredes, y por la tentativa de homicidio de la testigo Margarita Martínez de Leal. Además, impuso una pena de ocho años de prisión al sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Héctor Zanetto por el delito de coacción agravada en perjuicio de Ragone.

El tribunal, integrado por Federico Santiago Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Gabriela Catalano, dispuso que Soraire y Zanetto cumplan la pena en prisión domiciliaria y ordenó que se les coloque a ambos una pulsera electrónica para controlarlos.

Por otro lado, resolvió mantener la prisión domiciliaria del ex jefe de seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil, quien recibió prisión perpetua en el juicio celebrado en 2011 por los mismos hechos por los que ahora resultó condenado Soraire. El lugar de cumplimiento de la pena Guil era uno de los puntos del reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación.

La nueva sentencia dictada ayer revirtió así las absoluciones de Soraire y Zanetto, para quienes en el juicio oral celebrado hace diez años el fiscal Horacio Azzolín había solicitado la imposición de prisión perpetua para el ex policía y diez años de prisión para el sindicalista de la UOM. El 7 de junio pasado el tribunal realizó la audiencia de visu, es decir, de conocimiento de los acusados, con la presencia de las partes, y desde entonces quedó en condiciones de emitir la sentencia. La fiscalía fue representada por el fiscal general Carlos Amad.

Antecedentes y pruebas

En 2016 la Sala II de la Cámara Federal de Casación confirmó las penas impuestas a prisión perpetua al ex militar y jefe policial salteño, Miguel Gentil, quien falleció el año pasado, y a su subordinado Guil. En aquel pronunciamiento, el tribunal revisor anuló las absoluciones de Soraire y Zanetto, y ordenó al tribunal que dicte un nuevo pronunciamiento.

En el juicio oral culminado en 2011 también habían recibido dos años de prisión los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera, quienes fueron condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Los hechos abordados en este juicio sucedieron antes del golpe de Estado, el 11 de marzo de 1976. A las 8.00 de aquél día, Ragone fue interceptado cuando conducía su Peugeot 504 poco después de dejar su casa. Los captores abordaron su automóvil, lo inmovilizaron y luego, desvanecido, lo tiraron en la parte posterior del vehículo. Mientras todo ocurría, la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal y el comerciante Santiago Arredes, propietario de un almacén, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes, incluso, salió en defensa de Ragone. Los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes de un disparo en el pecho e hirieron a Martínez con una ráfaga de ametralladora.

También se juzgaron amenazas proferidas a Ragone por parte de Zanetto, quien a través de otra persona -cuyo testimonio obra entre las pruebas del caso- le hizo llegar al gobernador entre diciembre de 1975 y febrero de 1976 el mensaje de que debía abandonar la política y renunciar a una candidatura porque de lo contrario sería asesinado. El tribunal tuvo por acreditado que tanto Zanetto como el jefe policial Gentil habían amenazado previamente a Ragone.

En la sentencia de cien páginas, el tribunal recorrió las pruebas sobre la protección policial que incluso durante la dictadura recibió Soraire por su participación en el crimen de Ragone y en otros hechos del terrorismo de Estado. Soraire era en esa época jefe de la denominada "Guardia del Monte", que actuaba en la zona rural de Metán pero que también participó en el homicidio del gobernador en la capital provincial, específicamente aportando los vehículos para la concreción del procedimiento ilegal. En ese sentido, el tribunal destacó que "Soraire fue notificado de un ascenso el día 15 de marzo de 1976, es decir, cuatro días después del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. La coincidencia en el tiempo, máxime considerando que a ese momento Soraire se encontraba de licencia, permite inferir que el mencionado ascenso no era otra cosa que una recompensa por haber intervenido en la muerte de Miguel Ragone".

El tribunal sostuvo que los documentos y testimonios constituyen "una prueba unívoca de que todo el plan ideado desde las autoridades militares y policiales se logró a merced al aporte y comportamiento de Andrés del Valle Soraire, el que garantizó con su accionar concreto (sea aportando el elemento humano como sus subordinados, los integrantes de la 'Guardia del Monte', sea llevando a cabo él mismo las medidas pertinentes para contribuir al plan pergeñado) que los autores pudieran manejarse libremente con total impunidad para llevar a cabo el plan pergeñado que finalmente concluyó con el secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ragone".