El fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA, solicitaron este miércoles penas que van de los 7 a los 20 años de prisión para la organización narcocriminal que lideraba Delfín Reynaldo Castedo en la zona norte de Salta y que integraba parte de su familia. El pedido de condenas y de decomiso de bienes se dio en el marco del debate oral donde se los acusa por asociación ilícita y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Ante el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz junto con la magistrada Marta Liliana Snopek, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que quedó comprobado el rol de los acusados en la estructura narco criminal creada a partir de la adquisición de dos fincas ubicadas en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, en la localidad de Salvador Mazza.

El pedido de penas

Para Delfín Castedo, el MPF requirió una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 650 mil pesos por considerarlo jefe de la asociación ilícita, además de acusarlo por dos hechos de falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público. Con respecto a su hermano Raúl, se solicitaron diez años de prisión y una multa de 100 mil pesos por integrar la asociación ilícita. 

Por el mismo delito se acusó al martillero público Eduardo Torino y se pidió una pena de ocho años de prisión con una multa de 200 mil pesos. En el caso de Melba Araujo, ex pareja de Delfín Castelo, no solo fue considerada integrante de la asociación ilícita sino también coautora de un hecho de lavado de activos, por lo que la fiscalía solicitó nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos. 

Al comerciante Luis Yudi se lo consideró integrante de la asociación y se lo acusó también por el delito de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', por lo que se le pidió una condena de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos. Con respecto a Alberto Yudi y su hijo Mario -ambos comerciantes-, la fiscalía pidió penas de ocho y siete años de prisión respectivamente por ser miembros de la asociación ilícita y por ser responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo. También se le requirió para ellos el pago de una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.

Modus operandi

En su alegato, que se extendió durante dos jornadas, la fiscalía detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados, sus vínculos con otras organizaciones del narcotráfico tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.

En ese sentido, dejaron evidenciado que entre todos los imputados existió un acuerdo de voluntades dirigidos a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de hechos, no sólo vinculados al tráfico de estupefacientes, sino también a otros delitos aleatorios. Mencionaron allí las amenazas e incluso el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, pues el campo colinda en el país vecino con una propiedad perteneciente a una hermana.

En ese sentido, el fiscal Amad afirmó que la organización comenzó a operar en 1999 y perduró hasta el 22 de julio de 2016, cuando su líder fue detenido tras permanecer 10 años prófugo. Cabe resaltar que tenía un pedido de captura por su participación justamente como autor intelectual del crimen de Ledesma. Con respecto a este punto, la fiscalía había solicitado al tribunal que asuma la competencia en el homicidio -hecho del cual solo resta juzgar a Delfín y Raúl Castedo- pero los jueces rechazaron el planteo.

Vínculos

La fiscalía explicó luego que en los inicios de la banda, el líder era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, dueño de la finca El Pajeal. Rápidamente Castedo se posicionó al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde se montó una “aduana privada”. A lo largo del juicio, que comenzó en noviembre de 2021, los distintos testigos dejaron en claro que la utilidad de esas tierras estaba vinculada a las drogas.

Con respecto a esto, el auxiliar fiscal dejó en claro que los imputados llevaron adelante maniobras destinadas al resguardo de las actividades de narcotráfico y enumeró los pasos dados por la organización para expandir el uso de la frontera, lo que lograron con la compra de la finca El Aybal, con lo que monopolizaron el abastecimiento de droga dentro del país.

En otro tramo de la exposición, el MPF expuso los vínculos de los acusados con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco".

El auxiliar Viltes Monier resaltó ante los jueces las llamadas interceptadas durante la investigación llevada a cabo por la PROCUNAR NOA donde los acusados, pese al uso de lenguaje encriptado, dejaron en evidencia los fines ilícitos de la organización.

El MPF sostuvo también que los acusados “alteraron la paz social” de la localidad de Salvador Mazza debido a los “constantes conflictos” creados por la insistencia de los Castedo en vedar el paso de puesteros a los camiones ya existente en ambas fincas, debido a que buscaban mantener en secreto el libre paso de la droga.

Los fiscales indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino también contó con la cobertura legal del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso. El ex magistrado fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, acto procesal que le permitió mantenerse en la clandestinidad. 

Las fincas y los decomisos

Durante su exposición, la fiscalía detalló la compleja trama de compra y venta de las dos fincas, a través de testaferros. “Mario Yudi, un joven de 22 años, aparece como el comprador de la finca El Pajeal, por la cual pagó 600 mil dólares, dinero que no tiene manera de justificar”, sostuvo al respecto el fiscal general. En cuanto a la adquisición El Aybal, en la cual se realizó una operatoria similar, el auxiliar fiscal dio detalles de la maniobra y dejó expuesta la labor de un escribano en la compra de la propiedad, ya que no dejó asentado el origen del dinero, tal como lo exigen las normas legales vigentes. A la fecha de la transacción, el hombre -que fue testigo en el juicio- presidía el Colegio de Escribanos.

Por estos motivos, la fiscalía pidió el decomiso de ambas fincas, junto con un auto, una camioneta, ocho máquinas topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas.

En este punto, el fiscal general planteó al tribunal la creación de una comisión especial, constituida con operadores del gobierno federal y provincial, referentes del ámbito universitario y expertos en geología y antropología, a fin de darle a esa extensión territorial una utilidad de provecho y, sobre todo, pública. “El objetivo de este pedido no sólo apunta a sacar esa extensión territorial del dominio de los acusados, ya sea por sí o por testaferros, sino también revertir la utilidad que se le daba por otra que permita actividades educativas y científicas; y que no sea solo una frontera seca”, remarcó.