El fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó esta mañana al Tribunal Oral Federal N°1 de esa provincia la imposición de la pena de prisión perpetua a Andrés del Valle Soraire, exjefe de la denominada Guardia del Monte, a quien acusó como responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, cometidos en febrero de 1977 en perjuicio del comerciante Fidel Yazlle.

El tribunal, integrado por Marta Liliana Snopek, Mario Marcelo Juárez Almaraz (presidente) y Federico Díaz, escuchó también los alegatos del abogad de la querella familiar, Javier Sarmiento, y del representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, quienes coincidieron con lo pedido por la fiscalía.

En debate se inició el 5 de abril pasado con Soraire y el expolicía Mario Víctor Palermo, quien fue subjefe y jefe de la Unidad Regional del Norte, como acusados. Este último falleció el 25 de julio pasado, un día antes de la fecha fijada inicialmente para los alegatos del juicio.

En vista de ello, el tribunal dictó el sobreseimiento en favor del exjefe policial por extinción de la acción penal. El debate se reanudó con los alegatos, oportunidad en la que el fiscal Amad, junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, repasaron el caso y solicitaron la condena del ahora único acusado.

En los fundamentos del pedido, Amad y Sivila analizaron las pruebas, el contexto del hecho y el reclamo de justicia por parte de Francisca Teresa Toledo, viuda del comerciante, quien impulsó y acompaña el proceso penal desde hace más de 45 años.

Al referirse al hecho, Amad recordó que Yazlle era un comerciante muy querido en la localidad de Coronel Juan Sola, también conocida como Morillo, por el nombre de la estación ferroviaria. Describió a la víctima como un hombre con una gran sensibilidad social, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos y a las comunidades originarias de la zona.

Pistas falsas

En su alegato, los representantes del MPF descartaron de plano las que consideraron pistas falsas que los mismos policías responsables del homicidio intentaron imponer, maniobra que –según explicaron- “ya hemos visto en otros casos, incluso en el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone”.

Sostuvieron que Soraire dirigía la Sección Guardia del Monte, unidad que pertenecía a la Policía de Salta y cumplía tareas represivas ilegales durante la última dictadura militar, y que Palermo, en tanto, lo hacía desde la Unidad Regional Norte de la misma fuerza.

Describieron que la situación con Yazlle, pese a su estrecha relación con sus vecinos, se tornó peligrosa cuando el comerciante denunció hechos de corrupción cometidos por el intendente de facto Humberto Lazarte y el comisario Zenón Ávila (fallecido), lo que lo convirtió en un “perseguido político".

La fiscalía señaló que el comerciante recibió previamente amenazas de muerte, que finalmente se concretaron el 11 de febrero de 1977. “En ese día, entre las 20.00 y 20.30, una camioneta llegó hasta el comercio de Yazlle y sus dos ocupantes fingieron pedir orientación, pero al acercarse el comerciante reconoció a uno de ellos, circunstancias en que fue introducido al rodado, el que se marchó del lugar”, explicó el fiscal Amad.

Los captores –describió- llevaron a su víctima hasta dos kilómetros antes de llegar a la estación de Pluma de Pato, donde lo mataron a “quemarropa”, para luego arrastrar su cuerpo hasta las vías del tren. El cuerpo fue hallado al día siguiente, totalmente diseccionado. De esta manera, indicó el MPF, los autores del crimen buscaron no solo sembrar terror sino asegurarse la impunidad. Sin embargo, algunos testigos reconocieron en el cuerpo las heridas producidas por disparos.

Sivila, al ahondar sobre el caso, puso de relieve el contexto del asesinato en el marco del terrorismo de Estado desatado por la última dictadura cívico militar. Afirmó al respecto que los acusados se valieron del aparato estatal para eliminar al comerciante, quien se había convertido en un “enemigo”, tanto por las denuncias como por su militancia en el radicalismo.

De esta manera, el representante del MPF encuadró la muerte como un delito de lesa humanidad, tanto por la modalidad en que fue cometido el crimen, como en el contexto histórico y político del país y de la provincia de Salta.

El fiscal Amad, en tanto, destacó el reclamo de justicia de la viuda, cuyo perfil –dijo- resaltó por el fuerte reclamo de justicia por el asesinato de su esposo, más allá de las amenazas que el propio Palermo infundió antes de morir en algunos testigos.