A Mario Alberto Funes (43), la jueza le impuso la pena de cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial para ejercer cargo público por el término de seis años como autor material y penalmente responsable de lesiones graves doblemente agravadas por ser cometidas abusando de su función o cargo por un miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de un arma de fuego.

Lucas Daniel González (36), Víctor Darío Díaz (33), Diego Alberto Cachi (42) y Luis Armando Quispe (49), en tanto, también fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial para ejercer cargo público por el término de seis años, como partícipes necesarios responsables del mismo delito.

La jueza dispuso la prisión preventiva de los cinco condenados y ordenó su inmediata detención y traslado a la Unidad Carcelaria 1. También estableció que los cinco sean examinados por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que se les extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

La jueza tuvo por desistida la demanda civil interpuesta por el damnificado en contra de la Policía de la Provincia de Salta.

Por otro lado, hizo lugar parcialmente a la demanda civil presentada por Ávalos y condenó -en forma solidaria, conjunta y mancomunada- a Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi, Víctor Darío Díaz, Lucas Daniel González, Mario Alberto Funes y al Estado Provincial de Salta a pagar al damnificado la suma de 5.5 millones de pesos en concepto de reparación integral del daño causado, más los intereses correspondientes.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González. La defensa de los acusados estuvo a cargo de Ariel Ernesto Vázquez (Quispe y Funes), Carlos Fernando Rojas (Cachi) y Marcelo Arancibia (Díaz y González). Lorena Jésica Merdini representó a la víctima en la parte civil y querellante. En tanto que Cintia Beatriz Vargas y Amelia Emilse Segura representaron a la Policía de la Provincia de Salta y, Enrique Cornejo Costas, a la Fiscalía de Estado de la Provincia.

El hecho por el cual son juzgados los cinco imputados ocurrió el 29 de julio de 2020 en barrio Norte Grande, a la noche. Los efectivos fueron desplazados al lugar para un procedimiento y –según consta en la requisitoria fiscal-, con exceso de sus funciones, efectuaron un disparo con arma larga al damnificado, que se encontraba circunstancialmente afuera de una despensa. El proyectil impactó en su ojo izquierdo. Pese a advertir que había un lesionado, los efectivos omitieron prestarle asistencia.

A raíz del impacto, la víctima perdió el ojo, lo que le impidió continuar su carrera como voluntario del Ejército Argentino.