El viernes 16 de abril, la defensora oficial Civil Nº 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el fiscal Pablo Cabot por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora. Esto, a partir de la intervención de la Fiscalía Penal Nº 1 originadas en las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta. Dichas actuaciones se basaron en la denuncia hecha por el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia, en relación a diversos hechos detectados en el ámbito de la Defensoría Oficial Civil Nº 1, del Distrito Judicial Tartagal. En esa presentación, García Castiella atribuyó a Díaz la presunta comisión de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. De allí surgió la reiteración de situaciones penalmente relevantes, y encuadrables prima facie en el tipo penal de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando se advirtió una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio, y en otros casos, de un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos.

Del relevamiento efectuado por la Defensoría General, se obtuvo que entre 2017 y 2020, la Defensoría dejó sin atender más de 250 casos que se encontraban en condiciones de haber sino iniciados.

En su presentación, García Castiella reseñó 150 casos en un listado parcial, ya que el general es de 262, con la descripción de los hechos, su estado y demás información. De los 150 casos de abandono por parte de la defensora Díaz, el fiscal Cabot puntualizó sobre 29, en los que se advierte la inacción en distintas situaciones de gravedad, tales como la falta de respuesta al pedido que una mujer realizó en 2018, para que se inicie un proceso judicial para obtener el cuidado personal unilateral de su hija menor de edad y la supresión del apellido paterno, porque la niña fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico. O el caso en el que Díaz ignoró en 2016, el pedido de un integrante de una comunidad originaria que intentó iniciar trámites para la tutela de sus sobrinas huérfanas ante el fallecimiento de su madre, ocurrida en condiciones de extrema pobreza. Por la inacción de Díaz, el hombre no pudo acceder a una asignación, subsidio o plan nacional para solventar el cuidado de los niños.

Es decir, la defensora Díaz no inició o postergó casos de cuidado personal, peticiones de guardas judiciales, tutelas, casos de restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o ejecución de alimentos ya regulados, interdictos de recuperar la posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimientos y defunciones, rectificaciones de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, casos de filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, cambios de apellidos y homologaciones. En todos los casos, se contaba con el poder otorgado por el asistido y con la totalidad de la documentación requerida.

En su resolución, el juez Aramayo  consideró acreditado el peligro de entorpecimiento, de acuerdo a los argumentos del fiscal y coincidió en lo sostenido por Cabot, quien expresó que la Defensora Oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal puede hacer valer las relaciones de amistad o interés surgidas a partir del cargo que desempeña, con la finalidad de obtener favores personales por parte de otro y en consecuencia, entorpecer la investigación, sea telefónica o personalmente.  Vale mencionar que oportunamente, un funcionario de la Defensoría reveló durante su declaración testimonial que la defensora le pidió extraer documentación de la oficina, cuando la investigación sobre su accionar ya estaba en marcha. La funcionaria ya se encontraba suspendida en sus funciones, en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por la Defensoría General de la Provincia.

Cabe recordar que el 8 de febrero pasado, Rosa Fabiola Díaz, de 40 años, fue imputada por la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora. Por el mismo delito y también como coautora, fue imputada su hermana, Paola Alejandra Díaz, de 43 años.