El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal presentada por el fiscal general Eduardo Villalba en la audiencia de control de detención de cinco personas detenidas el viernes pasado, en el ex peaje Aunor, en el acceso a la capital de Salta.

Ante el magistrado, el fiscal, en representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, imputó a José Alfredo Nieva, Paola Lorena Alancay, Nicolás de los Ríos, Damián Exeni y Adolfo Manir Vallejos el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

En el caso de Nieva, el fiscal agregó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pues en un auto ubicado en su domicilio se encontraron diez paquetes de cocaína, equivalente a un peso total de 10 kilos.

Al relatar el caso con la asistencia de los auxiliares fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, el fiscal general explicó que la detención de los cinco imputados se produjo el viernes pasado, en la mañana, cuando intentaban ingresar a la capital provincial con una carga de 32 kilos de marihuana procedente de la localidad de Pichanal, situada a 242 kilómetros al norte de la provincia.

Indicó que los acusados viajaban distribuidos en tres vehículos. “Conformaban un convoy. La droga iba en el tanque de nafta de una camioneta Ford F-100, la cual era conducida por De los Ríos, mientras que Nieva y su pareja Alancay, lo hacían en un VW Rural, en la función de coche puntero”, señaló.

“Por detrás, y a modo de escolta, viajaban Exeni y Vallejos en un VW Voyage, todos procedentes de Pichanal y con una diferencia de 15 minutos en el recorrido. Iban coordinados y su objetivo era el traslado de la droga, la cual escondieron en el tanque de nafta de la camioneta F-100”, agregó.

Desde diciembre

Villalba aclaró que la detención de los cinco implicados no se trató de un procedimiento casual sino que fue el resultado de una investigación iniciada en diciembre pasado, cuando un informe de la Policía Federal reportó sospechas en torno a Nieva, residente en un complejo de edificios en avenida El Líbano.

“A partir de este informe, el equipo de investigadores de la PROCUNAR NOA inició una investigación preliminar, la cual consistió primero en tareas de campo que robustecieron las sospechas iniciales; incluso se comprobó, en un pasamano, que Nieva comercializaba estupefacientes”, relató.

A partir de estos datos, se profundizó la investigación con seguimientos e identificación de cómplices, tarea que llevó a determinar un viaje de Nieva, su pareja y otros implicados hacia el norte de la provincia en busca de droga.
Ante ello, se llevó adelante la identificación de los rodados y el seguimiento, el cual permitió, el viernes pasado, detener a los tres vehículos en el acceso a la ciudad y secuestrar la droga, como el hallazgo de otros 10 kilos de cocaína en el baúl de un automóvil VW Bora, en el domicilio de Nieva.

Organización

Tras mencionar la prueba reunida, tanto documental como las entrevistas con el personal de la Delegación Salta de la Policía Federal, a cargo del procedimiento y otros allanamientos, Villalba resaltó la gravedad del hecho y afirmó que los acusados “conforman una organización” dedicada al narcotráfico.

Señaló que su accionar claramente así lo evidencia, pues en el traslado de la droga de Pichanal a Salta lo hicieron con las prevenciones típicas que toman las organizaciones narcotraficantes, como la asignación de coches anexos, tanto para “barrer” la ruta (advertir sobre controles de fuerzas de seguridad), o bien secundar el rodado cargado con la droga.

“Existen sobradas solvencia y sustento en las pruebas reunidas hasta aquí contra los cinco imputados”, resaltó el fiscal, quien solicitó autorización para avanzar con otras peritajes pendientes, en especial sobre los teléfonos celulares secuestrados.

Indicó como necesario un plazo de investigación de sesenta días, a la vez que pidió la prisión preventiva de los acusados por el mismo tiempo. Fundamentó tal medida de coerción en la gravedad del hecho, la expectativa negativa de una pena de ejecución condicional y destacó que, ante ello, el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación es aún mayor.

Por su parte, el defensor oficial, Agustín Mogaburu, en representación de los cinco imputados, no objetó la acusación. Tampoco lo hizo respecto a la prisión preventiva con excepción del caso de Alancay, para quien pidió que esa medida sea bajo la modalidad de arresto domiciliario, pues se trata del único sustento y vínculo de dos hijos menores de edad.

Como el interés superior del niño prevalece en estos casos, el fiscal no opuso objeción a la concesión de prisión domiciliaria para Alancay, con los controles correspondientes.

El juez dio por formalizada la imputación penal tal como lo planteó la fiscalía. “La fiscalía presentó elementos suficientes y fuertes en contra de los imputados”, indicó el magistrado, quien también accedió a dictar la prisión preventiva de los acusados; en el caso de Alancay, bajo arresto domiciliario.