A pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien lleva adelante una investigación sobre una red de trata de personas que operaba en Salta, el juez de garantías N°1, Julio Bavio, dio por la legalizada la detención de Gonzalo Aarón Pacheco, un nuevo imputado como integrante de esta organización delictiva desbaratada en julio pasado.

El juez también dio por formalizada la acusación presentada por la fiscalía por el delito de trata de personas agravado por el número de personas intervinientes, contemplado en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.

El magistrado coincidió con los argumentos esgrimidos por la fiscalía e hizo lugar al pedido de prisión preventiva para Pachecho, quien fue detenido en Córdoba. También se dispuso un plazo de investigación de 39 días y la realización de diversas medidas procesales, entre ellas peritajes de elementos secuestrados al acusado al ser detenido.

De esta manera, el caso sumó un nuevo imputado a los otros tres contra quienes se sigue adelante una investigación penal por el mismo delito y agravante, acusación formalizada el 22 de julio pasado contra dos mujeres y un hombre.
Con la detención e imputación de Pacheco, la acusación se vio aún más fortalecida, pues se obtuvieron pruebas respecto a los dividendos que le dejaba a esta organización la red de trata que habían montado a partir de la captación de jóvenes mujeres y su posterior explotación sexual con clientes que eran contactados a través de un sitio web.

Modalidad

Al presentar el caso, Toranzos, asistido por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, indicó que el pedido de detención de Pacheco surgió de la investigación que lleva adelante el Área de Casos Complejos. La pesquisa se inició el 22 de mayo pasado, cuando dos mujeres denunciaron que a través de avisos de trabajo en la red social Facebook se captaba a jóvenes que luego eran explotadas sexualmente.

Toranzos explicó que una de las denunciantes respondió a la publicación realizada desde el perfil “Luciana Chocobar”, por la cual se requería “chicas de 18 a 25 años”. Indicó que, luego de una conversación por chat, le informaron que el trabajo consistía en el servicio de sexo por dinero, conocido como “scort”.

A partir de estas denuncias se llevó adelante una primera etapa de investigación, en la cual se utilizó la figura del “agente revelador”. La estrategia permitió la detención de dos mujeres y un hombre, quienes dirigían el “negocio” en Salta, como así también en otras provincias vecinas, donde replicaron la misma modalidad.

Se pudo establecer que los acusados, mediante servicios que presentaban como “Spa”, ofertaban servicios sexuales a través de un conocido sitio de encuentros para adultos, mientras que su concreción se efectuaba en distintos departamentos del casco céntrico de Salta.

El fiscal señaló que, según la categoría del servicio, que rondaban entre los 800 y 1500 pesos, se determinaba la ubicación del lugar donde eran citados los clientes. Los más costosos estaban ubicados en la zona cercana al centro de la ciudad.

También se pudo establecer que del valor establecido por los acusados para cada servicio, el 50 por ciento debía ser entregado a los imputados, ya sea de manera directa o a través de giros que eran dirigidos a un familiar de la principal acusada.

Como resultado de numerosos allanamientos, entre ellos los lugares identificados como base para los servicios sexuales, la fiscalía logró secuestrar 19 teléfonos celulares, más de 90 mil pesos, lencería erótica y fotografías que se le tomaban a las víctimas para luego ofertarlas vía web.

A ello, se sumaron declaraciones testimoniales y otros detalles respecto a cómo se llevaba adelante la captación de las jóvenes, tanto en la capital salteña como en provincias vecinas. A partir de los procedimientos requeridos por la fiscalía, se logró rescatar a siete víctimas de este accionar.

Pieza clave

Al avanzar con la investigación, y en vista del secuestro de dos dispositivos de pago electrónico, se pudo identificar una cuenta de la plataforma de cobros Mercado Pago, cuyo titular era Gonzalo Aarón Pacheco, quien residía en la ciudad de Córdoba y es hermano de la principal imputada, conocida como “La Jefa”.

En respuesta a un pedido de informes de la fiscalía, la empresa que tramita los pagos y otras operaciones de la cuenta identificada, reveló que registraba un movimiento de más de 700 mil pesos, ya sea en concepto de crédito o débito.

A ello, Toranzos sumó pruebas respecto a que Pacheco fue el destinatario de giros por un monto superior a los 100 mil pesos, dinero que le era remitido por su hermana y por otras jóvenes víctimas de la explotación sexual a la que eran sometidas.

El fiscal señaló que, de los movimientos de la cuenta de Mercado Pago, se pudo establecer pagos al sitio web de “encuentros sexuales” utilizado para ofertar a las jóvenes que captaba la organización, tanto en Salta como en otras provincias.

“En esa misma cuenta existen comprobantes de pago de recarga de distintos teléfonos celulares, entre ellos los pertenecientes a las tres personas ya imputadas en la investigación, mientras que el resto serían de víctimas y otros eslabones de la organización”, explicó el representante del MPF.

Toranzos describió pagos de operaciones a favor de la principal acusada, como también de terceros, lo cual será motivo de una investigación más profunda. En este orden, resaltó las pruebas que ponen a Pacheco como receptor de 113 mil pesos en concepto de giros.

Parte de este dinero era girado por los otros imputados. También se pudieron verificar pagos de una de las víctimas rescatadas al desarticular la red de trata, y se determinaron envíos desde las provincias de Corrientes y Jujuy.

Para despejar dudas respecto al rol del nuevo imputado, Toranzos presentó pruebas obtenidas a partir de documentación remitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo informó que Pacheco no presenta una relación formal de trabajo ni tampoco movimiento comercial que permitan justificar el movimiento de dinero mencionado.

En vista de estas y otras pruebas, el fiscal formalizó la acusación y solicitó la prisión preventiva de Pacheco, pues entendió que existe un fuerte riesgo de fuga y de obstrucción procesal por parte del acusado, quien podría influir en víctimas que aún restan identificar. Agregó, en ese sentido, que aún restan medidas de prueba que permitirán obtener mayores elementos sobre el accionar de los acusados.

Defensa

Al momento de controvertir a la fiscalía, la defensa apuntó sus argumentos casi exclusivamente a evitar la prisión preventiva de Pachecho, a quien describió como un albañil que desconocía el movimiento de la cuenta de la cual era titular, pues todas las operaciones respondían a su hermana.

La defensa indicó que, dado que la verdadera responsable de esa cuenta padece una grave enfermedad, Pacheco asumió la titularidad. Con ello, intentó despegar al nuevo detenido de las pruebas presentadas por la fiscalía. La defensa rechazó que Pacheco represente un peligro de fuga o entorpezca la investigación del caso, y en tal sentido pidió que se mantuviera su libertad o bien se dispusiera su arresto domiciliario.

Al momento de resolver los planteos, el juez se inclinó por la postura de la fiscalía, ya que consideró que las pruebas presentadas evidencian claramente un movimiento patrimonial importante que podría estar vinculado al delito investigado.

Tras darle crédito a los argumentos expuestos por Toranzos, el juez descartó la coartada de la defensa respecto a la titularidad única de Pacheco en vista de la enfermedad de la principal acusada, pues “fácilmente se podría haberlo designado como co titular”.

Reconoció, como lo hizo la fiscalía, la naturaleza y gravedad del hecho, pues “afecta la dignidad de las personas y revela un peligro para la sociedad”. En ese sentido, resaltó el compromiso del Estado Nacional, a través de tratados internacionales, de investigar esta clase de delitos.