El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola continuaron hoy con la quinta parte de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez.

Ayer, previo al inicio de la audiencia, el defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, planteó la recusación del fiscal Luciani y del presidente del TOF Giménez Uriburu, a la que adhirieron los abogados Federico Paruolo, Juan Martín Villanueva, Nicolás Guzmán y Maximiliano Rusconi, quien también pidió el apartamiento del fiscal Mola. Los jueces Gorini y Basso resolvieron dar trámite a los planteos y el representante del Ministerio pidió responderlos, en la audiencia, de manera oral “para darle máxima transparencia al trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y al juicio oral”.

En la audiencia de ayer, la fiscalía continuó con su alegato, que se centró en los trabajos de remediación de canteras, las irregularidades en los trámites administrativos que permitieron la adjudicación de las obras a Austral Construcciones, y la falta de capacidad técnica para desarrollarlas.

Las modificaciones de obras

El fiscal Mola siguió hoy con el análisis -que había comenzado ayer- de cinco de los 39 casos registrados de modificaciones de obras concedidas a Austral Construcciones. Mola señaló que en una de las obras adjudicadas Báez solicitó la inclusión de materiales asfálticos novedosos, aunque los mismos se comercializaban en el país desde 1995. Destacó asimismo que la empresa que proveería el asfalto era la firma “M&P”, que era propiedad de Martín y Luciana Báez, hijos del empresario. Para el representante del MPF, la modificación de obras fue otro “ardid para ocultar, disimular la falta de capacidad de construcción que tenía el grupo”.

Mola también se refirió al caso de la Ruta Nacional N°3: “La obra fue abandonada, por esta obra se pagaron anticipos millonarios y se aprobaron más de tres modificaciones de obras elevando su costo”. Agregó que ese contrato era “una muestra más de las deficiencias del proyecto original, de los estudios presentados por la adjudicataria, la falta de controles y cómo se le autorizaron constantes modificaciones de costos y plazos cuando los mismos estaban por vencerse”, y ello se hacía “sin ningún tipo de control. Se le otorgaban, generando un perjuicio enorme y las obras no se terminaban”.

El representante del MPF también se refirió a la adquisición, por parte de Báez -directamente o través de intermediarios-, de doce estancias sobre la vera del Río Santa Cruz, por donde debía pasar la Ruta 9. Aquí también hubo modificaciones y “Báez aplicó un doble estándar. Compró tierras en la intersección de la Ruta 9 con la Ruta 40, conocía muy bien dónde compraba, pero cuando debía iniciar la construcción de la obra sobre Ruta 9 arguyó que desconocía los límites, dejándola paralizada durante 4 años y cobrando para sí 71 millones de pesos de anticipos financieros”, destacó. Agregó que en este caso Báez se benefició por partida doble: obtuvo el dinero por las modificaciones de obras y fue indemnizado por la expropiación de los campos para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

La fiscalía puntualizó que “había una necesidad de extender la obra como fuente de financiamiento permanente a favor de la contratista”, y agregó que “los funcionarios de Vialidad no se pronunciaron nunca sobre las obras financiadas con recursos nacionales, a las que cuando debían ser inauguradas, sólo se le autorizaban a Báez la modificación de obras, aumento de presupuesto y aumento de los plazos de obra”. A su entender ello fue el mecanismo “para obtener más fondos de manera ilegal del Tesoro Nacional. Todo esto convergió hacia un mismo fin, postergar sistemáticamente la fecha de entrega de los trabajos, utilizar las modificaciones para encubrir la incapacidad de la empresa para hacer frente a la avalancha de obras que de manera ilegal e irregular le daban al grupo y, sobre todo, para hacerse de fondos de forma constante".

Ampliación de los plazos de obra y redeterminación de precios

En otro tramo de su exposición, Mola se refirió a los reiterados pedidos para ampliar los plazos de trabajo, los cuales consideró injustificados. “Del análisis que fuimos viendo ni a la contratista ni a Vialidad provincial les importó el cumplimiento del plazo”, dijo, y agregó que las razones alegadas para pedir la ampliación fueron “infundadas, extemporáneas y sin control”.

Mola detalló como motivos alegados el desabastecimiento de combustibles e insumos, los factores climáticos, la situación financiera internacional, la restricción de las importaciones impuestas por el Gobierno Nacional, los cortes de ruta por conflictos sociales y/o gremiales, inconvenientes en la ejecución de proyectos, expropiaciones y/o liberaciones de las trazas y otros pedidos sin justificación alguna. Agregó que la contratista nunca acompañó las constancias de las justificaciones, por lo que deberían haberles rescindido los contratos.

La fiscalía señaló que “cualquier administración sana hubiera impedido este abuso de autoridad, esta mala administración de fondos públicos, pero como estamos ante organismos parasitados todos miraron al costado durante doce años” y agregó que “la extensión de plazos fue una excusa para justificar la falta de capacidad de la empresa, para esconder la millonaria defraudación”.

Mola también se refirió a las redeterminaciones de precios concedidas a las empresas del Grupo Báez. Según la normativa vigente, este mecanismo sólo era aplicable si las demoras en las obras eran por cuestiones ajenas al contratista, lo que en el caso no ocurrió. Para la fiscalía, esto fue “un elemento de la maniobra ilegal sobre obras que ya tenían sobreprecios exorbitantes” y agregó que “en un país como Argentina, se hubiese licuado el valor de la obra, por eso no sólo tenían sobreprecios, sino que era necesario extender de manera necesaria los plazos y sus costos. Parte de la maniobra fue justificar como sea esto”.

Mismos representantes técnicos y maquinaria, para obras simultáneas y distantes entre sí

En otra parte de su alegato, la fiscalía destacó que la Ley de Obras Públicas exigía la designación de un representante técnico, que debía realizar certificaciones de las obras, permanecer en ella para controlar la calidad de los materiales utilizados y el desarrollo de los contratos, y era responsable -de manera solidaria- ante los incumplimientos.

La fiscalía señaló que se designó al ingeniero José Carlos Pistán como responsable de 34 obras que Austral Construcciones desarrollaba simultáneamente, en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Lo mismo ocurrió con el ingeniero Manuel Parras en nueve obras ejecutadas por la firma Kank y Costilla.

Tras un cuarto intermedio, el fiscal Luciani retomó el alegato y se centró en la maquinaria declarada para realizar los trabajos. Destacó que el ente licitante debía verificar si la empresa adjudicada tenía disponibilidad de equipos para encarar las obras y que ello se hacía mediante la presentación de planillas donde se declaraba la maquinaria. Aclaró que en el caso “no era necesario ni importaba que estén las máquinas a 300 kilómetros de distancia o comprometidos en otras obras”.

En tal sentido, señaló que las empresas del Grupo Báez presentaban las mismas planillas de equipos para obras de diversa complejidad y distantes entre sí; declaraban maquinaria para una obra que ya estaba asignada a otras; confundían el equipamiento de una empresa con las de otras firmas del grupo; e incluso presentaban las planillas en blanco, para ser completadas por el ente licitante. El representante del MPF destacó que este plan no se habría ejecutado “sin la complicidad de los funcionarios que omitieron estas groseras anomalías durante doce años” y que “una sana Administración hubiese impedido la colosal defraudación al Estado”.

Los sobreprecios detectados en los peritajes

Pasado el mediodía, y tras un nuevo cuarto intermedio, el fiscal Luciani analizó los sobreprecios que surgieron del peritaje ordenado por el TOF respecto a 5 de las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez. El fiscal recordó que el ingeniero civil Eloy Bona -por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- detectó una diferencia de sobreprecios que ascendió a U$S 198.168.776; el ingeniero Roberto Panizza -perito de parte por el MPFN- señaló sobreprecios por U$S 202.140.616, mientras que la ingeniera Adriana Alperovich -propuesta por Cristina Fernández- concluyó que las obras adjudicadas no fueron sobrevaluadas, sino que estuvieron U$S 71.471.606 por debajo del precio de plaza.

Tras ello, el representante del Ministerio Público analizó los métodos de elaboración y conclusiones de cada informe pericial y destacó las falencias en la labor de la perita de la defensa y las incongruencias volcadas en su presentación, que incluyeron errores de cálculo y la consulta -como bibliografía- de trabajos elaborados por estudiantes de universidades de Perú, Colombia y Guatemala, de “dudosa rigurosidad académica”.

Pagos anticipados por obras inconclusas

Previo a concluir la jornada, la fiscalía se ocupó de los pagos adelantados efectuados a las empresas del Grupo Báez, en el marco de la resolución DNV 899/2010, dictada por el exdirector de Vialidad Nacional, Nelsón Pierotti, el 19 de mayo de 2010, en la que se disponía, a discrecionalidad del funcionario, el pronto pago en casos de inundaciones, veda climática, terremoto y razones de fuerza mayor.

En tal sentido, Luciani señaló que “los jefes de la organización dispusieron que a Lázaro Báez se le pague incluso antes que a cualquier otra empresa" por obras que no se hacían, y con prioridad a otros contratistas, para lo cual se implementó “un canal privilegiado para Lázaro Báez, con dinero de todos los argentinos”.

El representante del MPFN puntualizó que la referida resolución careció de toda publicidad: no se publicó en el Boletín Oficial, ni en la página web de la Dirección Nacional de Vialidad, ni se comunicó a la Cámara Argentina de la Construcción, ni al Registro de Constructores de Obra Pública ni a las restantes empresas contratistas. Así, de acuerdo a la fiscalía, esta “normativa clandestina que tenía nombre y apellido" fue empleada para 1.317 pagos efectuados a empresas del Grupo Báez entre los años 2010 y 2015, “pesar de que los fondos destinados a la obra pública eran escasos”.

“Cuando una norma no se aplica a la generalidad de los ciudadanos y, como en este caso, a la generalidad de las empresas, aparece la arbitrariedad, aparecen los privilegios, que no deben admitirse ni tolerarse dentro del ámbito de la Administración Pública. Cuando se recurren a disposiciones vagas y de excepción, que sólo terminan beneficiando a un grupo minúsculo de empresas, existe una prueba contundente que detrás de ese acto, en apariencia, se esconde un fin espurio, un pacto venal, incompatible con una sana y correcta gestión de la Administración Pública”, sintetizó el fiscal Luciani.

Los imputados

En el debate se le imputa a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, están acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalmente, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

El debate se reanudará el próximo viernes desde las 8.30.