Roberto Adrián Reyes y Luciana  Andolfi, en ejercicio de la defensa del imputado, habían solicitado que se disponga la inmediata libertad de su defendido con la imposición de medidas sustitutivas.

La jueza recordó que el acusado Pablo Marcelo Rangéon se encuentra con prisión preventiva firme desde el 11 de marzo de 2021.

Señaló que “la  defensa  técnica  pretendió  fundamentar su pedido  de revisión en una  modificación de uno de los requisitos previstos por el artículo386 del CPP, concretamente la `existencia de elementos de convicción suficientes para sostener por probable la participación punible en los hechos investigados´”. Al  respecto,  la magistrada sostuvo que “a losefectos de disponer la prisión preventiva en el sistema procesal penal vigente, no se precisa de pruebas, sino solo de elementos de convicción suficientes, los que serán eventualmente pruebas si es que se los ofrece y produce en la etapa procesal oportuna (...) De tal modo, que la referencia de la defensa  en  este  estadio  procesal  a  la  inexistencia  de  pruebas  en  contra  de Rangeón, resulta errada. Entiendo al respecto, que  todas las circunstancias aludidas por la defensa podrán hacer parte de su teoría del caso para ser expuestas eventualmente en un plenario oral y público en el que se deslinde la responsabilidad criminal que le podría corresponder a Rangeón”.

La jueza de Garantías 8 consideró adecuada la aplicación  en  firme  de  una  pena  privativa  de  la  libertad al imputado en razón de  la escala penal de  los tipos penales  endilgados,  que tornan  inaplicable  el  artículo  26  del  Código  Penal. Además, consideró necesaria una valoración de la naturaleza de los hechos, constitutivos de violencia de género, y destacó los compromisos internacionales  asumidos por la República Argentina en la materia.

Hizo referencia al “aprovechamiento de la indefensión, el grado de participación en el hecho y la forma de comisión, en tanto como   denominador común, el acusado habría aprovechado la circunstancia de contar con una empresa o agencia de modelos para desplegar la conducta dolosa en perjuicio de las víctimas”. En este sentido, la jueza sostuvo que debe valorarse la posición que tenía el acusado  respecto  de  las  denunciantes y el modus operandi en cada uno de los casos.

“En caso de recaer condena en juicio en estas actuaciones, la  pena que se  imponga será  indefectiblemente  de  prisión de ejecución efectiva, por lo que dicha circunstancia resulta un parámetro a tener en cuenta para decidir acerca del peligro de fuga  que  se  advierte como configurado en autos”, indicó la magistrada.

Finalmente, la jueza se remitió a  las consideraciones tenidas en cuenta por  el juez de  Impugnación de la Sala  IV, Luciano  I. Martini,  quien en junio pasado hizo lugar a un recurso de apelación y ordenó la inmediata detención de Pablo Marcelo Rangeón. En la oportunidad, el juez declaró la nulidad de una resolución que le había concedido el beneficio del arresto domiciliario con el sistema de control por monitoreo electrónico.