El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por eel juez Abel Fleming (presidente), Gabriela Catalano y Domingo Batule, comenzó a juzgar ayer a al ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, a su secretario de Hacienda, Fredy Marcelo Céspedes y a otras ocho personas, integrantes de diferentes empresas, por el robo de más de 250 caños utilizados para la construcción del Gasoducto GNEA.
Además de los ex funcionarios públicos, están acusados los empresarios Diego Alos, de OSYP SA; Matías Rossi, de COMARFIL SA; Adrían Vera y Cristián Buczek, de Vera SA; Milton Saavedra y Bruno Degoy, de MyP Servicios Especiales; Andrés Ayala, de PERTERSER SRL; y Dante Rodríguez.
Rossi, De Goy, Buczek, Saavedra y Céspedes estuvieron presentes en la sala de audiencias, mientras que los restantes participaron por vía remota, al igual que sus respectivas defensas.
Previo a la identificación de los imputados, se dio inicio a los alegatos de apertura. El fiscal general Eduardo José Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, ratificó la acusación penal, repasó los hechos, las pruebas reunidas y el análisis de la calificación penal.
Prado, Céspedes y Alos están imputados por los delitos de robo agravado y defraudación a la administración pública en calidad de autores materiales. En cuanto a Rossi, la acusación en su contra es por encubrimiento agravado.
Buczek, Ayala, Saavedra y De Goy también están acusados por el delito de robo agravado, al igual que Vera, a quien se le suma la imputación de uso de documentación falsa. Rodríguez, en tanto, está imputado por robo simple.
La investigación penal del caso se inició en febrero de 2020 y la acusación fue formalizada el 18 de mayo siguiente. En esa oportunidad fueron imputados Prado, Céspedes y Alos, tras lo cual siguieron otras ampliaciones hasta completar la nómina de diez imputados que llegaron a juicio.
La tarea investigativa, según lo reconoció el fiscal en su alegato de apertura, se trató de un trabajo en equipo con los fiscales Marcos Romero y José Luis Brunos y sus respectivos auxiliares, de las sedes fiscales descentralizadas de Tartagal y Orán, respectivamente.
Protagonista principal
Al referirse al caso, el fiscal Villalba sostuvo que el robo de caños es “un caso de corrupción emblemático” que no quedará impune, pues “esta fiscalía demostrará en el juicio con pruebas fehacientes la responsabilidad de los acusados, quienes saben muy bien por qué están sentados aquí”.
Sostuvo que el caso se inició por un artículo periodístico del diario El Tribuno, en el que se dio a conocer el robo de caños a partir de una resolución municipal de la localidad de Aguaray. “Se trata de la Resolución N°1215/2019, la gran protagonista de este caso”, precisó.
Explicó que con este documento se intentó darle “un ropaje legal” a una maniobra que Prado y Alos que habían pergeñado antes de la asunción del ex intendente, la cual consistía concretamente en el robo de los caños del Gasoducto GNEA, una obra que, en esos momentos, estaba paralizada.
Agregó que Prado, tras asumir como intendente, el 23 de diciembre de 2020, en vísperas de Navidad, firmó junto a Céspedes la resolución 1215, la cual facultaba a la empresa de Alos a retirar los caños del gasoducto, en el marco de una acción de saneamiento ambiental.
Aclaró, al respecto, que jamás el ex intendente podría haber dispuesto de los caños y menos calificarlo de pasivo ambiental, pues eran bienes sobre los cuales no tenía facultad, dado que se trata de una obra del Estado Nacional y, en segundo lugar, nunca se hizo un informe de impacto ambiental que estableciera la contaminación.
El fiscal recordó que Prado había asegurado que, a cambio, la empresa de Alos iba a dar puestos de trabajo y entregar juegos infantiles, lo que tampoco sucedió. En su relato de los hechos, el fiscal explicó que una vez descubierta la ilegalidad de la resolución, los acusados avanzaron con el robo, pero mediante otra modalidad.
“Ese era el momento de parar, pero la voluntad de delinquir pudo más”, dijo el fiscal para dar paso en su relato a la aparición de Vera en la maniobra, a quien definió como un ladrón de caños conocido. “Alos, el arquitecto de la maniobra, lo conocía muy bien a Vera”, apuntó Villalba.
Vera, quien estuvo prófugo por varios meses y luego accedió a ser imputado colaborador, aportó información que confirmó el rumbo investigativo de la fiscalía. “Prado y Alos contrataron a Vera para que avance con el robo de caños en otro paraje, en El Desemboque, en Santa Victoria Oeste”, añadió el fiscal.
Hasta ese momento, Alos había llevado adelante el corte y extracción de caños con el uso de la resolución 1215. Parte de esos bienes sustraídos fueron comercializados con Rossi, a quien se le secuestaron 52 caños en un predio de su empresa en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.
“Con la llegada de Vera, a la maniobra se sumaron Saavedra, De Goy, Ayala y Buczek, quienes prestaron maquinarias para el corte, extracción, transporte y un predio para el acopio de los caños robados, participación que la fiscalía demostrará a lo largo del debate”, agregó Villalba. En cuanto a Rodríguez, mencionó que fue autor del robo de 14 caños, hecho ocurrido en noviembre de 2019, sin que se haya encontrado nexo con el resto de los acusados.
Daño al Estado
En su análisis del caso, el fiscal resaltó una peculiaridad llamativa, pues “el Estado robó al Estado. Prado, como funcionario y representando al Municipio de Aguaray, elegido por el voto popular, no sólo utilizó el Estado para crear una cobertura legal para el robo sino también extrajo dinero de las arcas de la comuna para financiar a Vera. Todo ello para saquear bienes del Estado Nacional”.
Aclaró que no se trató de una obra de “inexpertos”, como probablemente se intente presentarlos ni tampoco son “ladrones de estéreos”. “Idearon un plan destinado, tanto a desafectar bienes del Estado para introducirlos en el mercado negro de la compra y venta de caños, como a lograr la impunidad”, acusó.
“El valor de los caños era oro en polvo para los acusados. El daño causado es millonario, pero el mayor perjuicio fueron los mismos habitantes de la región, quienes se quedaron sin la posibilidad de obtener el beneficio de esa obra, a lo que se suma ahora el descreimiento ante semejante hecho de corrupción”, valoró el fiscal.
Al respecto, el abogado querellante Sebastián Smith, por parte de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), señaló en su alegato que el perjuicio económico causado por el robo de los caños alcanzó la cifra de 5 millones de dólares, pues se perdieron ocho kilómetros del tendido del gasoducto, cuya obra habría beneficiado con el suministro de gas natural a 1,7 millones de habitantes.
Las defensas de los acusados plantearon la inocencia de sus defendidos e indicaron que desconocían la ilegalidad de la resolución 1215, mientras que los más comprometidos también atacaron a Vera como imputado colaborador.
El abogado Sergio Heredia, en representación de Céspedes, Saavedra, De Goy, Buczek y Rodríguez, coincidió con la fiscalía respecto a la maniobra de fraude y robo que se llevó adelante en perjuicio del Estado, aunque descargó la mayor responsabilidad en Prado, Alos y Vera, como los artífices de los hechos.
Reconoció la investigación de la fiscalía como un gran paso en busca de sacar a luz la corrupción, a la vez que también aseguró que a lo largo del debate presentará numerosas pruebas que acompañan la columna vertebral de la acusación fiscal.
Concluidos los alegatos de apertura, el tribunal dio paso a la oportunidad de los acusados para prestar declaración. Céspedes fue el primero en hacerlo. El ex secretario de Hacienda reconoció haber firmado la resolución 1215, aunque aclaró: “No sabía nada al respecto, pues el que debía haberla firmado era el secretario de Gobierno, pero como estaba ausente, la firme yo”.
“Prado me informó que se trataba de un pasivo ambiental y que a cambio iba a haber trabajo para la gente y una obra infantil en una plaza, por lo que creí que era algo bueno, máxime con la presión que la gente nos hacía por trabajo. Además, supuse que la resolución ya había pasado por todos los pasos legales previos”, agregó el ex funcionario, cuya declaración fue suspendida por problemas de conexión.
